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Según información obtenida por Diario La Tribuna, el tribunal acogió una solicitud de la defensa del imputado y fijó la nueva fecha para el 5 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas.
El accidente ocurrió el 5 de febrero de 2020 en la avenida Las Industrias, a la altura de la Escuela Santa Pilar, cuando el conductor de un vehículo marca Kia realizó una maniobra de viraje en U, colisionando con la motocicleta en que se desplazaba la joven en dirección hacia el centro de Los Ángeles.
Desde entonces, el proceso judicial —que tiene como imputado a J.O.M.F. por cuasidelito de homicidio— ha enfrentado múltiples reprogramaciones: la audiencia originalmente prevista para octubre de 2023 fue postergada al 20 de febrero de 2024, luego al 3 de julio de este año y, ahora, al mes de diciembre.
Ante este nuevo aplazamiento, Sandra Vázquez conversó con Diario La Tribuna y expresó su profunda desilusión por la falta de avances en la causa judicial que busca esclarecer las responsabilidades en la muerte de su hija.
"La fecha estaba programada para este mes, pero otra vez la aplazaron para el 5 de diciembre", confirmó Sandra, añadiendo que no recibió mayores explicaciones sobre los motivos. "Todavía no me han informado nada más", indicó, a la vez que recordó que ya han ocurrido "tres o cuatro" reprogramaciones anteriores.
Consultada sobre cómo vive emocionalmente cada una de estas noticias, Vázquez fue clara: "¿Cómo lo tomo? ¿Sabe qué? Ya estoy resignada a que van a seguir aplazándola y que no se saque nada".
El paso del tiempo, sin respuestas ni condena, ha ido deteriorando su salud mental: "
Para ella, el sistema judicial ha fallado: "Me van a seguir cambiando la fecha una y mil veces, yo creo hasta que me aburra. Estoy cansada por temas psicológicos míos. Ya quiero que se acabe".
La madre recuerda cómo en un principio exigía con fuerza justicia: "Antes luchaba y quería una condena, pero ya no saco nada, porque no hay ninguna ley que lo ampare. Está todo en contra".
Sandra siente que la desigualdad social también juega un rol determinante en los resultados judiciales.
Con dolor y frustración, reconoce que la historia de su hija corre el riesgo de pasar al olvido: "Mi hija va a ser un número más. Era lo que yo no quería que fuera: un accidente más o una persona más que falleció. Pero a esta altura ya no me queda nada más que resignarme".
Durante estos años, asegura haber hecho todo lo posible para buscar respuestas: "Dejé los pies en la calle, pero no me sirvió de nada".
A cinco años del accidente, Sandra asegura que nunca recibió un acompañamiento real del Ministerio Público:
En su relato, lamenta la falta de información y acompañamiento: "Nunca me citaron. Todo lo que yo sé de la carpeta de investigación fue porque yo fui hasta que conseguí la carpeta".
Pese a sus esfuerzos, siente que ha luchado sola: "Yo he hecho muchas cosas, pero ya estoy cansada, son cinco años y estoy nadando contra la corriente, no tengo a nadie que me diga 'Sandra, vamos, se puede'. No, porque hasta los abogados dicen que ya no hay nada que hacer, que va a ser cuasi delito de homicidio y que no vamos a sacar nada".
El impacto de esta lucha en su vida ha sido profundo. "Imagínese, el papá de mi hija se dio por vencido. Al mes de que falleció, dijo 'yo no me hago partícipe de audiencias ni de nada porque va a quedar en nada'".
Esa no fue su decisión. "Una como mamá siempre quiere dar la lucha hasta el final... Pero yo ya estoy cansada, yo siento que ya bajé los brazos, porque son cinco años de sufrimiento, luchando sola", confiesa con la voz quebrada.
Y concluye: "Es fuerte tener que levantarse todos los días y decir: ‘Otro día más sin nada’".
Desde la Fiscalía Regional del Biobío indicaron a Diario La Tribuna que el proceso judicial por la muerte de Yulitza Cid se ha desarrollado conforme a los cauces legales correspondientes, y que los aplazamientos registrados responden a situaciones procesales que no son de competencia directa del Ministerio Público.
Asimismo, señalaron que, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores respecto a esta misma causa, no emitirán declaraciones públicas mediante medios de comunicación en relación con los dichos de la madre de la víctima.
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