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Consultada este miércoles 28 de octubre por Diario La Tribuna, la casa edilicia confirmó que el Concejo Municipal ya aprobó una modificación presupuestaria para disponer de los recursos necesarios y dar cumplimiento a la resolución judicial.
La información surge luego de que los representantes de la familia reclamaran, durante septiembre de este año, que la indemnización continuaba pendiente, pese a las gestiones judiciales realizadas para obtener su pago.
Desde el municipio lamentaron lo ocurrido y aseguraron que la obligación será cumplida en los plazos correspondientes, aunque no precisaron una fecha para concretar la transferencia de los recursos.
El episodio se remonta al 29 de enero de 2018, cuando un hombre de 70 años acudió al Cesfam Norte de Los Ángeles con dolor opresivo en el pecho, molestias que se extendían hacia el brazo izquierdo y dolor de cabeza.
Pese a estos síntomas y a las alteraciones detectadas en un electrocardiograma, el paciente fue diagnosticado con un cuadro de ansiedad y enviado a su domicilio con medicamentos.
Poco más de una hora después, el hombre se desvaneció y debió ser trasladado nuevamente al recinto de salud, donde se realizaron maniobras de reanimación que no lograron salvarle la vida. Su fallecimiento fue consecuencia de un infarto agudo al miocardio.
En 2019, la familia presentó una demanda por indemnización de perjuicios, dando inicio a un proceso judicial que derivó en una sentencia dictada el 10 de noviembre de 2023 por el Primer Juzgado de Letras de Los Ángeles.
Durante el juicio se incorporaron distintos antecedentes periciales que permitieron establecer las circunstancias en que se produjo la atención médica.
Entre ellos, una pericia del Servicio Médico Legal concluyó que la atención proporcionada al paciente no se ajustó a los estándares médicos que requería su condición clínica.
El tribunal también consideró un informe presentado por la propia parte demandada, que identificó deficiencias en distintas etapas de la atención y estableció una relación directa entre la falta de atención adecuada y el fallecimiento.
Sobre la base de estos antecedentes, el juez concluyó que la muerte de Senén José Venegas Soto fue consecuencia de una mala praxis médica ocurrida en el Cesfam Norte, establecimiento dependiente de la administración municipal.
La sentencia estableció indemnizaciones por daño moral de $40 millones para la cónyuge, $30 millones para cada uno de sus tres hijos y $5 millones para cada uno de sus seis nietos, alcanzando un total inicial de $160 millones.
Posteriormente, una liquidación presentada en el proceso judicial fijó la obligación en $160.344.403 al 25 de mayo de 2026, considerando los reajustes e intereses correspondientes.
Uno de los aspectos que ha marcado la etapa posterior a la sentencia es el proceso para concretar el pago de la indemnización.
Según un escrito presentado por el abogado de la familia, Roberto Neira Cáceres, la Municipalidad de Los Ángeles fue notificada el 16 de junio de 2026 para dar cumplimiento a la resolución judicial.
Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes expuestos por el representante de los demandantes, hasta septiembre de este año la obligación permanecía pendiente.
En su presentación, el abogado cuestionó el tiempo transcurrido sin que se concretara el pago y citó un memorándum municipal del 10 de septiembre, en el que, según indicó, se informaban gestiones administrativas para determinar quién debía asumir la obligación.
Ante esta situación, solicitó al tribunal requerir al municipio la presentación del decreto alcaldicio de pago dentro de un plazo de tres días, bajo apercibimiento de aplicar medidas destinadas a hacer cumplir la resolución judicial.
Cabe precisar que esta solicitud corresponde a una presentación de la parte demandante dentro del procedimiento de cumplimiento de la sentencia y no constituye, por sí misma, una resolución que haya acogido las medidas requeridas.
Consultada por Diario La Tribuna, la Municipalidad de Los Ángeles lamentó lo ocurrido y confirmó que se han realizado gestiones presupuestarias para dar cumplimiento a la resolución judicial.
De esta manera, la actual administración municipal informó que avanzó en las gestiones para cumplir una obligación judicial derivada de hechos ocurridos durante una gestión anterior.
Respecto de las responsabilidades administrativas asociadas al caso, el municipio indicó que durante 2018 el entonces alcalde instruyó una investigación sumaria para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar eventuales responsabilidades.
Según lo señalado por la institución, la fiscal a cargo resolvió finalmente sobreseer dicha investigación.
Este procedimiento administrativo es distinto del proceso judicial que estableció la responsabilidad del municipio por falta de servicio y determinó las indemnizaciones correspondientes.
Con la modificación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal, la casa edilicia confirmó que se concretará el pago dispuesto por la justicia, aunque no precisó la fecha en que los familiares recibirán los recursos.
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