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El Juzgado de Garantía de Los Ángeles decretó este lunes el arraigo nacional para el exfiscal adjunto Rodrigo Antonio Durán Fuica, luego de que el Ministerio Público lo formalizara como autor del delito de violación de secretos.
La audiencia se enmarca en la investigación por una presunta red de corrupción vinculada a abogados y funcionarios públicos en la ciudad de Los Ángeles.
La medida cautelar había sido solicitada por la Fiscalía y fue acogida por el tribunal, que además estableció un plazo de 30 días para el desarrollo de nuevas diligencias investigativas.
La formalización de Durán se concretó luego de que la Corte Suprema confirmara parcialmente la querella de capítulos presentada en su contra, autorizando al Ministerio Público a perseguirlo penalmente únicamente por el delito de violación de secreto.
De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el proceso judicial, el exfiscal habría extraído información desde diversas bases de datos reservadas, correspondiente a terceros ajenos a procesos penales, para posteriormente entregarla a personas que no tenían autorización para acceder a dichos antecedentes.
La resolución del máximo tribunal estableció que esos hechos configuraban el delito de violación de secreto, descartando la posibilidad de formalizar al expersecutor por otros ilícitos incluidos inicialmente en la querella de capítulos.
Los tres delitos que fueron desestimados fueron los de asociación criminal; negociación incompatible y lavado de activos.
En este contexto, el máximo tribunal determinó que los antecedentes presentados por el Ministerio Público respecto a los demás delitos resultaban genéricos e insuficientes para este estadio procesal.
Durante la misma audiencia también fueron reformalizados los restantes imputados de la causa, instancia en la que el Ministerio Público incorporó nuevos hechos y antecedentes respecto de los accesos que algunos de los investigados habrían realizado a información reservada.
Entre ellos se encuentran las abogadas Andrea Romero Jara y Susana Andrea Cortés Karmy, quienes fueron reformalizadas por los delitos de asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a información, soborno, lavado de activos, prevaricación y obstrucción a la investigación, ilícitos que, según la Fiscalía, se habrían cometido entre 2017 y marzo de 2024.
En esta oportunidad, el persecutor incorporó nuevos episodios relacionados con los presuntos accesos de ambas profesionales a antecedentes de carácter reservado.
Cabe recordar que la causa también involucra al exdefensor público de Los Ángeles Patricio Gutiérrez Marinado, además de la secretaria del estudio jurídico de las abogadas, P.J.G. y la procuradora C.C.U.
Asimismo, figura entre los imputados el funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles Nelson Sáez Reyes y Moisés Bastardo, ciudadano venezolano vinculado a la denominada banda de Los Corbatas, quien se encuentra privado de libertad y cumple condena por dos homicidios consumados.
Al igual que en el caso del ex fiscal Rodrigo Durán, el Ministerio Público también presentó una querella de capítulos pero por el delito de prevaricación judicial pero fue rechazada, en primera instancia, por la Corte de Apelaciones de Concepción y ratificado por la Corte Suprema.
Con la resolución adoptada en la audiencia, el exfiscal Durán quedó sujeto a arraigo nacional durante el desarrollo de la investigación, mientras que el Ministerio Público contará con 30 días para profundizar las diligencias respecto de los hechos por los cuales fue formalizado.
La investigación comenzó en 2023 bajo la conducción de la Fiscalía Regional de Ñuble, liderada en ese entonces por la fiscal regional Nayalet Mansilla y que, actualmente, lleva la Fiscalía Regional del Maule debido a la inhabilidad manifestada por el fiscal regional de Ñuble, Rolando Canahuate.
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