Regístrate en nuestro newsletter
Con el propósito de establecer cómo se encuentran actualmente las instituciones alcanzadas por el caso, Diario La Tribuna solicitó información al Poder Judicial, la Fiscalía Regional del Biobío y la Defensoría Penal Pública. Los tres organismos respondieron las consultas formuladas para este reportaje y entregaron antecedentes sobre la situación de sus funcionarios, las subrogancias adoptadas y las medidas aplicadas para mantener sus respectivos servicios.
A partir de la cobertura realizada desde marzo de 2024 y de estas respuestas oficiales, el siguiente reportaje reconstruye los principales hitos de la investigación y presenta una radiografía del funcionamiento actual del Juzgado de Garantía, la Fiscalía Local y la Defensoría Local de Los Ángeles.
Los antecedentes que dieron origen al caso se remontan al 6 de abril de 2021, cuando un operativo destinado a interceptar una transacción de drogas terminó sin el hallazgo de sustancias ilícitas. Según publicaciones anteriores de Diario La Tribuna, el resultado de aquella diligencia abrió interrogantes sobre una eventual filtración de información reservada.
En ese periodo, las abogadas particulares Andrea Romero Jara y Susana Cortés Karmy integraban un estudio jurídico dedicado a la defensa penal. La primera era cónyuge del fiscal adjunto de Los Ángeles Rodrigo Durán, mientras que la segunda estaba casada con Patricio Gutiérrez, entonces jefe de la Defensoría Penal Pública de la comuna.
De acuerdo con los antecedentes publicados por este medio, el 7 de abril de 2021 Romero accedió a la carpeta de la causa y fotografió información sobre teléfonos que se encontraban intervenidos por orden judicial. Ese mismo día, Cortés habría advertido a Luis Corvalán Novoa, identificado como líder de la agrupación "Los Corbata", que integrantes de la organización estaban siendo objeto de escuchas telefónicas.
Las profesionales también representaron a imputados relacionados con causas de narcotráfico y crimen organizado. Entre ellos se encontraba Moisés Bastardo Bastardo, posteriormente condenado a presidio perpetuo simple por dos homicidios consumados y otros dos frustrados cometidos en Los Ángeles, pena confirmada por la Corte de Apelaciones de Concepción en abril de 2025.
La indagatoria examinó, además, consultas realizadas en sistemas institucionales respecto de personas vinculadas con una causa relacionada con Bastardo. Conforme a la cobertura anterior de Diario La Tribuna, Romero solicitó mediante WhatsApp a Durán revisar si determinados sujetos se encontraban detenidos y el entonces fiscal utilizó las plataformas internas del Ministerio Público para responderle.
El caso adquirió carácter público el 21 de marzo de 2024, cuando este medio informó sobre allanamientos efectuados en dependencias de la Fiscalía Local de Los Ángeles y en las oficinas del estudio jurídico. Las diligencias eran dirigidas por la Fiscalía Regional de Ñuble por una eventual violación de secreto y otros hechos vinculados con investigaciones por narcotráfico.
Seis días más tarde, el 27 de marzo, se conoció el apartamiento de seis funcionarios del Ministerio Público angelino, entre ellos la entonces fiscal jefe María Gemita Rojas y Rodrigo Durán. Durante mayo de 2025, informes de la División de Informática de la Fiscalía Nacional confirmaron que este último había realizado consultas sobre imputados y causas que no se encontraban bajo su responsabilidad.
Las primeras consecuencias definitivas en el ámbito administrativo se conocieron durante el segundo semestre de 2025. El 9 de septiembre, Diario La Tribuna informó la destitución de Durán, medida adoptada por el fiscal nacional tras el sumario instruido por el Ministerio Público. Posteriormente, el 14 de octubre, se comunicó la destitución de Patricio Gutiérrez luego de una investigación administrativa.
Al 14 de enero de 2026, la causa penal todavía no registraba formalizaciones. En calidad de imputados figuraban Durán y Gutiérrez, además de Romero, Cortés y la jueza del Juzgado de Garantía de Los Ángeles Cherie Palomera. La magistrada también se encontraba sometida a una indagatoria administrativa instruida por la Corte de Apelaciones de Concepción.
El escenario cambió en marzo de 2026, cuando la investigación encabezada por la Fiscalía Regional de Ñuble derivó en la detención de Romero, Cortés, Gutiérrez y Nelson Sáez, encargado de sala del Juzgado de Garantía de Los Ángeles. Tras una audiencia que se extendió durante seis jornadas, los cuatro fueron formalizados por distintos delitos vinculados con los hechos investigados.
El 12 de marzo, el tribunal decretó la prisión preventiva de Andrea Romero y Susana Cortés. Patricio Gutiérrez quedó con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados, en tanto que Nelson Sáez, formalizado por cohecho reiterado, fue sometido inicialmente a arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de contacto con los otros involucrados.
La situación de Rodrigo Durán y Cherie Palomera siguió un curso diferente debido a los cargos que ejercían al momento de los hechos. Para avanzar hacia una eventual formalización, el Ministerio Público debía presentar querellas de capítulos, procedimiento previo aplicable a jueces y fiscales por presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.
En abril de 2026, el pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción puso término, por prescripción, al primer sumario administrativo seguido contra Palomera. La decisión no se pronunció sobre el fondo de los hechos, en un escenario que continuó abierto por las actuaciones penales y administrativas derivadas de los nuevos antecedentes conocidos durante la formalización de marzo.
En respuesta a las consultas efectuadas por Diario La Tribuna, el Poder Judicial informó que el Juzgado de Garantía de Los Ángeles funciona actualmente con una dotación compuesta por dos jueces titulares, dos magistrados suplentes y 15 funcionarios.
En relación con Cherie Palomera, cuyo primer sumario administrativo terminó por prescripción en abril de 2026, el Poder Judicial señaló que la magistrada continúa ejerciendo labores con competencias acotadas y que enfrenta un segundo procedimiento disciplinario todavía sin resolución.
En el ámbito penal, el organismo detalló que la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de su cargo fue rechazada de manera unánime por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción el 7 de agosto. La resolución fue apelada por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado y, desde el 26 del mismo mes, la causa se encuentra en acuerdo ante la Segunda Sala de la Corte Suprema.
Mientras se resuelve ese procedimiento, Palomera permanece en funciones, pero no conoce la totalidad de las materias que habitualmente corresponden a una jueza de Garantía.
Respecto de Nelson Sáez, formalizado por cohecho reiterado, el Poder Judicial confirmó que no ha vuelto a desempeñar sus labores desde que fue detenido el 5 de marzo de 2026.
Según la respuesta, las tareas que cumplía como encargado de sala fueron asumidas por una administrativa de acta del mismo Juzgado de Garantía de Los Ángeles. El organismo precisó que se trata de una subrogancia interna y que no existe una persona nombrada como suplente para ocupar el puesto de Sáez.
De acuerdo con la información entregada por el Poder Judicial, el funcionario se encuentra sujeto a las medidas cautelares de firma semanal ante Carabineros, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con integrantes del tribunal y con los demás coimputados, estén o no formalizados. La institución agregó que, durante el periodo en que no ha ejercido sus labores, ha presentado licencia médica y utilizado vacaciones y permisos administrativos.
El Poder Judicial informó, además, que Sáez ha sido objeto de dos sumarios. El primero cuenta con un informe entregado por la Fiscalía Judicial y debe ser resuelto por el pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción. El segundo, iniciado a partir de los hechos conocidos durante la audiencia de formalización del 9 de marzo, continúa en tramitación a cargo de un fiscal no inhabilitado.
Consultada por Diario La Tribuna, la Defensoría Regional del Biobío respondió las preguntas formuladas para este reportaje, luego de abordar las materias con el defensor regional, Osvaldo Pizarro Quezada. En su pronunciamiento, la institución explicó el mecanismo aplicado para enfrentar los procedimientos administrativos derivados del caso:
De acuerdo con los antecedentes entregados por la Defensoría Regional, desde el 13 de junio de 2025 la jefatura de la oficina local de Los Ángeles es ejercida por Marcela Ruiz Pacheco, defensora penal pública que asumió como subrogante del cargo vacante. La entidad precisó que su designación se efectuó conforme a las disposiciones del Estatuto Administrativo.
Según la Defensoría Regional, durante este periodo la oficina aseguró la representación de las personas atendidas y la cobertura de las audiencias programadas, en medio de una reorganización interna del trabajo.
La respuesta también abordó las medidas adoptadas para proteger los antecedentes contenidos en sus plataformas. Según explicó el organismo, se priorizó la implementación de un sistema de doble autenticación mediante Clave Única para acceder a los sistemas institucionales, con el propósito de restringir eventuales ingresos no autorizados a información sensible.
Respecto de la provisión definitiva de la jefatura local, la Defensoría señaló que se encuentra en desarrollo el proceso destinado a cubrir la vacante.
En el caso del Ministerio Público, la Fiscalía Regional del Biobío entregó a Diario La Tribuna antecedentes sobre los resultados de los procedimientos administrativos relacionados con funcionarios de la unidad local.
Sobre la situación de Rodrigo Durán, el organismo ratificó la medida adoptada por la máxima autoridad institucional y explicó su fundamento.
Ante la consulta de Diario La Tribuna por la situación de los seis funcionarios apartados de la unidad local en marzo de 2024, la Fiscalía informó sobre la aplicación de medidas disciplinarias de carácter económico, aunque no precisó nombres ni cargos.
Al referirse a los cambios ocurridos en la conducción de la oficina, Fiscalía diferenció las medidas disciplinarias de aquellas determinaciones adoptadas en el marco de sus atribuciones administrativas.
Aunque Diario La Tribuna también consultó por los cambios posteriores en la jefatura y la conformación actual de la Fiscalía Local de Los Ángeles, la respuesta institucional no entregó esos antecedentes.
| Cargo o función | Situación actual |
|---|---|
| Dotación judicial | Dos jueces titulares y dos magistrados suplentes. Sus nombres no fueron especificados. |
| Cherie Palomera, jueza | Continúa ejerciendo con funciones restringidas en causas de acción penal privada y de cumplimiento. |
| Encargado de sala | Nelson Sáez no ha retomado sus labores desde el 5 de marzo de 2026. Sus tareas son subrogadas por una administrativa de acta, cuyo nombre no fue informado. |
| Dotación funcionaria | El tribunal cuenta con 15 funcionarios. |
| Cargo o función | Situación actual |
|---|---|
| Jefatura subrogante | Marcela Ruiz Pacheco ejerce el cargo desde el 13 de junio de 2025. |
| Jefatura titular | Se encuentra vacante y en proceso de concurso público. Al momento de la respuesta, la convocatoria estaba en su etapa final de evaluación. |
| Cargo o función | Situación actual |
|---|---|
| Jefatura actual | La Fiscalía Regional no precisó quién ejerce actualmente el cargo. |
| Rodrigo Durán, exfiscal adjunto | Fue destituido por resolución del fiscal nacional. |
| María Gemita Rojas, exfiscal jefe | Fue trasladada a la Fiscalía Local de Yumbel y no fue objeto de una investigación administrativa. |
| Seis funcionarios apartados | Fueron sancionados con multas. La institución no precisó sus nombres, cargos ni situación funcional actual. |
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
¿Quieres contactarnos? Escríbenos a [email protected]
ContáctanosOpinión
