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Más de $1.500 millones en recursos públicos bajo observación, servicios que no han podido ser acreditados documentalmente, pagos sin respaldo suficiente y debilidades estructurales en los sistemas de control interno. Ese es el escenario que revelan dos informes emanados de la Contraloría Regional del Biobío que hoy tensionan la gestión del Complejo Asistencial "Dr. Víctor Ríos Ruiz" de Los Ángeles, el principal recinto hospitalario de la provincia.
Se trata de los informes finales N° 636 y N° 700, que analizan distintos procesos administrativos entre 2022 y 2024. Ambos documentos identifican una serie de observaciones que, en su conjunto, involucran montos que superan los $1.500 millones, los cuales se encuentran en proceso de revisión y eventualmente podrían derivar en reparos por parte del organismo fiscalizador.
El informe N° 636 concentra el mayor volumen de montos observados, con $1.112.415.223 en gastos catalogados como insuficientemente acreditados entre 2023 y 2024. Es decir, desembolsos respecto de los cuales no se cuenta con la documentación necesaria que permita verificar de manera fehaciente la entrega de bienes o la ejecución de los servicios contratados.
Uno de los hallazgos relevantes apunta a los contratos de aseo y seguridad. Según la auditoría, existirían inconsistencias entre las horas de trabajo pagadas y aquellas respaldadas por cotizaciones previsionales, lo que da cuenta de diferencias significativas que no pudieron ser plenamente justificadas con antecedentes documentales.
La situación se replica en otros ámbitos. En el suministro de materiales de ferretería, se observaron pagos por más de $291 millones sin respaldo suficiente que acreditara la recepción conforme de los productos. En tanto, en la mantención de equipos médicos, se detectaron desembolsos por cerca de $148 millones respecto de los cuales no fue posible verificar su ejecución en base a los antecedentes disponibles.
A ello se suma la existencia de documentación cuestionada, como guías de despacho que no figuran validadas ante el Servicio de Impuestos Internos, así como informes técnicos cuya autoría o especialización no pudo ser debidamente acreditada.
El informe también advierte situaciones vinculadas a proveedores, incluyendo casos en que empresas no registraban trabajadores durante periodos en que prestaban servicios o desarrollaban actividades que no se condicen con su giro comercial, elementos que, si bien no constituyen por sí mismos una irregularidad sancionada, configuran factores de riesgo en los procesos de contratación.
El informe N° 700, en tanto, aborda los procesos de mantención y reparación de infraestructura hospitalaria, detectando observaciones por $798.305.750 en el periodo comprendido entre 2022 y 2024.
El mayor volumen se vincula a convenios de infraestructura, donde se constató el pago de $778.614.250 respecto de los cuales no existían antecedentes suficientes para acreditar la correcta ejecución de los trabajos.
De este total, $563.109.772 corresponden a dos convenios de mantención de obras menores, mientras que $215.504.478 fueron destinados a tres convenios asociados a techumbres. La falta de respaldo documental impidió verificar técnicamente las intervenciones, evidenciando debilidades en los procesos de control y supervisión.
A estas situaciones se suman pagos por equipamiento sin evidencia suficiente de recepción. En específico, se detectó el desembolso de $11.302.500 por la provisión e instalación de bombas sumergibles, sin que existan registros que permitan confirmar su entrega o funcionamiento.
Asimismo, se identificaron pagos en exceso por $8.089.000 en el marco de un convenio de obras menores, asociados a diferencias entre lo facturado y lo que pudo ser verificado en terreno.
Debido a la naturaleza de los antecedentes recopilados, la Contraloría resolvió remitir los antecedentes al Ministerio Público, al estimar que los hechos podrían eventualmente revestir carácter de delito, abriendo así una arista penal paralela al proceso administrativo.
El director del Complejo Asistencial "Dr. Víctor Ríos Ruiz" de Los Ángeles, Alejandro Manríquez, explica que el diagnóstico detecta las falencias detectadas, aunque subraya que parte de estas ya habían sido advertidas internamente.
En entrevista con radio San Cristóbal y diario La Tribuna, añadió que los hechos fueron denunciados tanto a la Fiscalía, a la Unidad de Análisis Financiero y a la propia Contraloría.
En este contexto, "no fue una sorpresa que la Contraloría llegara el año 2025 a revisar lo del 2024 hacia atrás porque era lo que el propio establecimiento le había denunciado a la Contraloría, toda vez que ellos tienen una cantidad de herramientas mucho mayores para revisar. Por ejemplo, el hospital no puede hacer cruce de base de datos con el Servicio de Impuestos Internos pero la Contraloría sí puede en el fondo revisar mucho más allá", explicó el director del establecimiento de salud.
El directivo, quien asumió en 2025, afirmó que desde su llegada se han implementado medidas para fortalecer los controles internos, incluyendo reestructuraciones organizacionales y sistemas de verificación cruzada.
"Cada peso que el hospital recibe tiene que ser invertido de la mejor manera posible. Tenemos que ser eficientes, pero también probos y ordenados", enfatizó.
"Los hallazgos que la Contraloría hace desde el punto de vista nuestro son irrefutables porque van en la misma línea que lo que el propio establecimiento ya había denunciado. Mi opinión respecto a eso es que hay que trabajar en todas las medidas de mejoras correspondientes. El hospital realizó reestructuraciones internas, modificaciones que en su momento. Se trabajan de manera interna", detalló Manríquez.
En este contexto, agregó que esta situación derivó en que en la actualidad- el Complejo Asistencial cuente con otros sistemas de controles, controles cruzados. "Nosotros seguimos haciendo revisiones con nuestro equipo de auditoría y seguimiento a estos planes, que ya fueron trabajados e instaurados tanto del 2024 como el 2025", expresó el director.
En paralelo, el Complejo Asistencial "Dr. Víctor Ríos Ruiz" ha desarrollado procesos administrativos para determinar responsabilidades. Según Manríquez, algunos funcionarios renunciaron y, en la actualidad, los sumarios que se realizan en esta materia están próximos a concluir.
Manríquez explicó que los sumarios en curso se rigen por el principio de debido proceso, lo que implica, entre otros aspectos, el carácter reservado de las indagatorias desde su inicio hasta su conclusión. Esta condición de confidencialidad busca resguardar tanto la integridad de la investigación como los derechos de las personas involucradas, quienes —subrayó— tienen la posibilidad ejercer su defensa durante la investigación.
De acuerdo con lo señalado por Manríquez, una vez finalizada la etapa investigativa es al fiscal o la fiscal a quien -finalmente- le corresponde emitir una resolución que determine si existen responsabilidades y eventuales sanciones administrativas. En ese escenario, es la dirección del hospital la encargada de adoptar las medidas pertinentes, en función de las conclusiones establecidas en el sumario.
"El hospital es intolerante a la falta de probidad administrativa. Una vez que los procesos terminen, se aplicarán todas las sanciones que correspondan", afirmó.
Las sanciones, aseguró, pueden ir desde anotaciones en la hoja de vida hasta la destitución, dependiendo de la gravedad de los hechos acreditados.
Los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y al Servicio de Impuestos Internos.
Asimismo, además de la denuncia ante los entes fiscalizadores y la apertura de sumarios administrativos, la Contraloría General de la República procederá a formular reparos por un monto total de $798.305.750, lo que busca la restitución de los recursos públicos mal utilizados.
Al respecto, "el mecanismo de devolución no depende del hospital, sino de la propia Contraloría", explicó el director del Complejo Asistencial angelino.
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