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El informe titulado "Licencias médicas en las regiones del Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos: ¿Cómo enfrentar su sobreuso y sus efectos en los tiempos de espera en salud?", añade que solo en el último año se aprobaron más de 689 mil licencias, con un gasto asociado que bordea los $293.546 millones en subsidios por incapacidad laboral. Este aumento supera con creces el promedio nacional, donde el alza fue del 24% en el mismo período.
A nivel país, en 2023 se autorizaron más de 7,8 millones de licencias, que generaron un costo fiscal estimado de $2,86 billones, equivalentes al 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB). Este fenómeno ha intensificado el debate público en torno al sobreuso del instrumento, debido a su impacto directo en las listas de espera, la productividad institucional y el gasto en salud.
El boletín advierte que este fenómeno no solo tensiona el presupuesto público, sino que afecta también la capacidad de respuesta del sistema de salud.
En un contacto con Diario La Tribuna, Elvira Tagle, coordinadora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) y del magíster en Gestión en Salud de la Universidad del Desarrollo (UDD), explicó que existen factores estructurales que explican el alza desproporcionada en la región del Biobío.
Según la experta, este uso extendido de licencias se convierte en una estrategia obligada cuando no existe posibilidad de acceder a tratamientos o diagnósticos en plazos razonables. Esto, en lugar de permitir una pronta recuperación e incorporación laboral, prolonga el ausentismo y multiplica el gasto en subsidios.
Además, Tagle destacó que la débil fiscalización y la limitada gestión del ausentismo dentro de las instituciones públicas agravan aún más la situación.
Por el contrario, el sector privado presenta una capacidad más robusta para enfrentar este fenómeno.
En la región del Biobío, la presión sobre el sistema público de salud no solo se expresa en el aumento de licencias médicas, sino también en la acumulación de prestaciones pendientes. Lo anterior también fue analizado por Faro UDD, que revela que la región registra más de 330 mil casos en listas de espera por consultas y cirugías no GES, reflejo de la saturación sostenida de los últimos años.
Específicamente, Biobío es la tercera región del país con mayor número de cirugías no GES en espera y acumula 56.223 intervenciones quirúrgicas pendientes, lo que equivale al 13% del total nacional. Según el boletín, esta cifra da cuenta del rezago acumulado en patologías no prioritarias dentro del sistema de garantías explícitas en salud, que igualmente representan un deterioro significativo en la calidad de vida de los pacientes afectados.
A esto se suma un dato especialmente preocupante en materia oncológica: la región registra 1.947 atenciones GES por cáncer en lista de espera, uno de los indicadores más críticos dentro del sistema, considerando la urgencia y gravedad asociadas a estos diagnósticos.
El estudio elaborado por Faro UDD concluye que el alto ausentismo laboral—frecuentemente asociado al uso excesivo de licencias médicas— impacta de manera directa en la gestión de recursos humanos y financieros del sector público. Parte importante del 7% de las cotizaciones de salud se destina hoy a cubrir subsidios por incapacidad laboral, lo que restringe severamente los fondos disponibles para fortalecer la atención directa de pacientes.
Este escenario contribuye a profundizar las listas de espera, especialmente en regiones como Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que presentan algunas de las tasas más altas de atenciones y cirugías pendientes no GES.
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