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La Tribuna

Contraloría detecta más de 3.500 funcionarios públicos con licencias médicas emitidas por médicos bajo investigación penal

por Stephanie Ramírez M.

El informe también alerta que diez de los médicos investigados prestaron servicios en instituciones del Estado entre 2019 y 2024. / Pixabay

Un total de 3.532 funcionarios públicos fueron detectados con licencias médicas extendidas por profesionales de la salud que actualmente son objeto de una investigación penal por presuntas prácticas fraudulentas. Así lo informó la Contraloría General de la República (CGR) en su decimotercer Consolidado de Información Circularizada (CIC), documento que se elaboró a partir de antecedentes entregados por la Fiscalía Nacional.

Según el análisis de la CGR, las licencias fueron emitidas entre 2020 y 2022 por 44 médicos de nacionalidad extranjera, quienes otorgaron más de 10 mil certificados, sumando cerca de 193 mil días de reposo. Un 79% de estos permisos respondía a diagnósticos asociados a salud mental.

El cruce de esta información con registros institucionales, como el Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado (SIAPER), permitió establecer que más de la mitad de los beneficiarios aún se desempeñaban en funciones públicas al mes de junio de 2025.

El informe también alerta que diez de los médicos investigados prestaron servicios en instituciones del Estado entre 2019 y 2024. De ellos, cinco no contaban con el Examen Único Nacional de Competencias Médicas (EUNACOM), exigido por ley para ejercer en el sistema público.

Las licencias cuestionadas fueron utilizadas por trabajadores de distintas áreas, incluyendo municipalidades, servicios locales de educación, Fuerzas Armadas y de Orden, Gendarmería y otros organismos, tanto públicos como privados.

Además, se identificó que más de cinco mil trabajadores reincidieron en el uso de licencias médicas entre 2023 y 2025. De estas, 1.208 fueron otorgadas nuevamente por seis de los médicos bajo investigación penal.

Frente a este escenario, la Contraloría comunicará a las entidades que aún tienen a estos funcionarios activos para que se inicien los procedimientos disciplinarios correspondientes. También solicitará explicaciones a los servicios que contrataron a profesionales sin el EUNACOM, dado que podrían existir responsabilidades administrativas no prescritas.

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