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El anuncio fue realizado por el subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien aseguró que el mecanismo lleva más de dos décadas en funcionamiento y que sus efectos se han extendido a distintas administraciones. Además, confirmó que el Ejecutivo dará discusión inmediata a la iniciativa parlamentaria que busca eliminar este beneficio para todos los condenados.
Durante una vocería realizada este viernes, la autoridad sostuvo que las personas que han accedido a estas rebajas comenzaron a beneficiarse de la normativa desde 2003, por lo que descartó atribuir exclusivamente al actual Gobierno la responsabilidad por su aplicación.
Al abordar las consecuencias de la aplicación de la Ley 19.856, el subsecretario reconoció que podrían existir personas que, después de acceder a una reducción de sus condenas, hayan reincidido en la comisión de delitos.
Sin embargo, precisó que no cuenta con antecedentes completos sobre la totalidad de esos casos y apuntó a que el mecanismo no contemplaba exclusiones generales para sus beneficiarios.
Sus declaraciones se producen en medio del cuestionamiento al alcance de las rebajas de condenas y a los criterios utilizados para determinar quiénes pueden acceder a este mecanismo.
Arenas también confirmó que el Ejecutivo patrocinará el proyecto presentado por los senadores Andrés Longton (RN), Arturo Squella (Partido Republicano), Karim Bianchi (independiente) y Pedro Araya (PPD).
La propuesta apunta a derogar íntegramente la Ley 19.856, en lugar de limitarse a incorporar nuevas restricciones para determinados tipos de delitos, como los de carácter sexual.
De esta manera, la iniciativa busca eliminar el beneficio de rebaja de condenas para el conjunto de las personas sentenciadas, ampliando el alcance de la modificación legal más allá de los delitos que han concentrado la actual controversia.
El respaldo del Gobierno y la decisión de otorgarle discusión inmediata marcarán el avance legislativo de una propuesta que pretende modificar un mecanismo vigente desde hace más de 20 años.
Al explicar la posición del Ejecutivo, Arenas insistió en que se trata de un problema que se arrastra desde administraciones anteriores y que el actual Gobierno busca resolver mediante la derogación de la normativa.
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