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La rebaja de penas otorgada a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes abrió una controversia política y jurídica que llegó al Congreso y obligó al Gobierno a revisar los criterios utilizados para conceder estos beneficios.
Los decretos, emitidos entre mayo y septiembre de 2026, favorecieron a personas condenadas por delitos de abuso sexual y violación contra menores de edad.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, 27 de los beneficiarios cumplían condenas por abuso sexual y otros 29 por violación.
La situación provocó cuestionamientos de parlamentarios de distintas posiciones políticas, quienes exigieron revisar las decisiones y reforzar las garantías para las víctimas.
La discusión se instaló en paralelo a la tramitación de cambios legales destinados a modificar el procedimiento de reducción de condenas.
En el Biobío, la controversia adquiere una dimensión especial por la persistencia de los delitos sexuales. Los registros policiales de Carabineros contabilizan 887 casos en la región durante lo que va de 2026, mientras que en la provincia de Biobío suman 227.
CRÍTICAS Y DISTINTAS POSICIONES POLÍTICAS
La diputada Joanna Pérez cuestionó la rebaja de condenas y pidió que las personas responsables de delitos contra menores cumplan las penas impuestas por los tribunales.
La parlamentaria calificó la situación como "de extrema gravedad" y recalcó que está "en total desacuerdo, porque hablamos de rebaja de condenas a quienes han cometido delitos en contra de niños, niñas y adolescentes, quienes deben cumplir sus condenas completas y con la máxima rigurosidad".
En esa misma línea, Pérez insistió en la necesidad de poner a las víctimas en el centro de las decisiones y agregó que "debe existir un acompañamiento real a las víctimas y que ellas no sean revictimizadas ante hechos tan cuestionables".
Por su parte, el senador Enrique van Rysselberghe criticó la actuación del Ejecutivo y reclamó una corrección de las decisiones. A su juicio, "la rebaja de penas a abusadores sexuales o violadores es un profundo error de este gobierno, el cual debe ser corregido por vía administrativa o de reforma legal en el Congreso".
En tanto, el diputado Cristóbal Urruticoechea distinguió entre las responsabilidades políticas y la aplicación de las normas. "Debemos diferenciar el error político versus el error legal", advirtió, antes de cuestionar la legislación vigente y remarcar que "una ley que está mal hecha, una ley que se debe corregir, una ley que no puede permitir que estas cosas pasen".
El parlamentario aseguró que durante el gobierno anterior se habrían concedido más de 200 rebajas de condenas. Esa cifra corresponde a su planteamiento en medio de la discusión política.
A su vez, la diputada Flor Weisse llamó a abordar el problema con responsabilidad jurídica y poniendo en primer lugar a los niños, niñas y adolescentes. "Creo que es importante abordar esta controversia con responsabilidad jurídica y poniendo siempre en el centro el interés superior de los niños, niñas y adolescentes", manifestó.
La parlamentaria enfatizó que las declaraciones de preocupación deben traducirse en medidas concretas y sostuvo que "no basta con manifestar preocupación: tenemos que actuar y hacernos parte de las soluciones".
Desde el Senado, Gastón Saavedra reprochó que la salida del subsecretario de Justicia no sea suficiente para resolver la controversia. "Con la salida del subsecretario Silva no se resuelve la crisis que tiene el país de justicia", afirmó. El senador calificó la actuación del Ejecutivo como "un error brutal" y subrayó que "nuestros niños y niñas siempre tienen que estar primero y siempre debemos protegerlos".
Mientras tanto, el diputado Patricio Pinilla cuestionó la actuación del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y sostuvo que dejó de aplicar una ley vigente al autorizar rebajas de condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. "Él debía actuar como ministro y no como juez de un tribunal de justicia. Y es ahí su equivocación", reprochó. El parlamentario advirtió que existen fundamentos para impulsar una acusación constitucional, pues, a su juicio, Rabat dejó sin ejecución la Ley 21.421.
EL DEBATE POR LA APLICACIÓN DE LA LEY
El centro de la discusión está en la aplicación de la Ley 21.421, publicada en 2022, que estableció restricciones para que personas condenadas por determinados delitos sexuales contra menores accedieran a la reducción de sus penas.
La controversia se relaciona con la aplicación temporal de esa normativa y con la situación de personas condenadas por hechos cometidos antes de su entrada en vigencia.
La interpretación del Ministerio de Justicia consideró que las nuevas restricciones no podían aplicarse retroactivamente cuando resultaran desfavorables para quienes cumplían condena.
El argumento del Ejecutivo se vincula con el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable y con criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema.
Sin embargo, el otorgamiento de los beneficios generó cuestionamientos por el alcance de la normativa y por la forma en que se resolvieron las solicitudes.
En medio de las críticas, el subsecretario de Justicia Luis Silva admitió que el episodio representaba una falla del Estado y reconoció que "en esto, el Estado falló".
Sus palabras se produjeron al abordar las dificultades que quedaron expuestas en el procedimiento y la necesidad de revisar los criterios utilizados.
Frente a la controversia, el Gobierno anunció la suspensión de la tramitación de nuevas solicitudes de rebaja de condenas mientras revisa los antecedentes y prepara modificaciones legales.
La medida apunta a evitar que el procedimiento continúe operando bajo los criterios cuestionados durante la discusión pública.
GOBIERNO Y SENADO ACELERAN CAMBIOS
La controversia tuvo consecuencias en el Ministerio de Justicia. Luis Silva dejó el cargo de subsecretario el viernes 30 de octubre, decisión que fue aceptada por el Presidente José Antonio Kast. En su reemplazo fue nombrada Josefina Soto Larreátegui.
Ese mismo día, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se reunió con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, para coordinar la tramitación de un proyecto destinado a modificar el procedimiento de reducción de condenas.
Tras el encuentro, Rabat declaró que el Ejecutivo está concentrado en encontrar una salida a la controversia y en reforzar la protección de quienes han sufrido estos delitos.
"Estamos concentrados como Gobierno en encontrar una solución a estos problemas y también en preocuparnos de las víctimas de estos graves delitos", expresó.
El ministro comprometió que "nunca más un autor condenado por estos graves hechos va a estar en la calle y ese es el compromiso que ha asumido y esa es la instrucción que me ha impartido el señor presidente de la República".
La iniciativa contempla cuatro cambios principales. El primero apunta a reconocer el derecho de las víctimas a ser informadas y escuchadas durante el procedimiento, con la posibilidad de presentar antecedentes y observaciones para que sean considerados al resolver.
En segundo lugar, propone precisar los requisitos y las exclusiones para acceder a una rebaja de condena, con reglas que permitan determinar qué disposiciones deben aplicarse al momento de solicitar el beneficio.
El tercer cambio modifica la autoridad encargada de resolver. La propuesta contempla trasladar esa atribución a una Comisión de Reducción de Condena, dejando atrás el mecanismo de concesión mediante decreto supremo y reforzando los antecedentes que deben respaldar la revisión judicial.
Por último, el proyecto establece que Gendarmería elabore y publique informes estadísticos sobre las solicitudes y los beneficios concedidos, con el propósito de entregar mayor transparencia al procedimiento.
Por su parte, la presidenta del Senado anunció que se convocaría a una sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución para avanzar en el análisis de la iniciativa. Núñez anticipó que el proyecto será una de las primeras materias que abordará la Cámara Alta al retomar sus sesiones y que la intención es despacharlo dentro de diez días.
La senadora puso el acento en la necesidad de volver a situar a la infancia en el centro de la discusión y expresó que "queremos volver a poner un foco en los niños y a las niñas".
En paralelo, la Defensoría de la Niñez presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago para cuestionar los decretos que concedieron las rebajas.
La acción solicita que se revisen las decisiones y pone el acento en los derechos de las víctimas y en las garantías que deben acompañar este tipo de procedimientos.
LA REALIDAD DE LOS DELITOS SEXUALES EN EL BIOBÍO
Las cifras de Carabineros permiten dimensionar la situación en la región, la provincia y la comuna de Los Ángeles. Entre el 1 de enero y el 25 de octubre de 2026, la plataforma STOP contabilizó 887 casos policiales de violaciones y delitos sexuales en el Biobío, frente a 897 registrados durante igual período de 2025. La diferencia corresponde a una disminución de 10 casos, equivalente a un 1,1%.
En la provincia del Biobío se registraron 227 casos, frente a los 249 del año anterior, lo que representa una baja de 22 casos y una variación negativa de 8,8%.
Por su parte, la comuna de Los Ángeles acumuló 103 casos durante 2026, frente a los 116 registrados en el mismo período de 2025. La disminución alcanza 13 casos, equivalente a un 11,2%.
Sin embargo, al observar los últimos 28 días, las cifras muestran un incremento en los tres niveles territoriales. En la región se pasó de 82 a 83 casos, con un alza de 1,2%; en la provincia, de 17 a 26, equivalente a un aumento de 52,9%; y en Los Ángeles, de siete a ocho casos, con una variación de 14,3%.
En cuanto a la última semana registrada, entre el 19 y el 25 de octubre, la plataforma contabilizó 11 casos en la región, frente a 30 en igual semana de 2025. En la provincia hubo dos, frente a siete del año anterior, mientras que Los Ángeles mantuvo un caso en ambos períodos.
Los datos corresponden a casos policiales registrados por Carabineros y no equivalen necesariamente a condenas ni a víctimas únicas. Las cifras permiten observar la evolución de los registros, sin establecer una relación causal con las rebajas de condenas que originaron la controversia.
La Tribuna solicitó una declaración a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos del Biobío para conocer su posición frente a los cuestionamientos y las medidas anunciadas por el Ejecutivo. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se recibió una respuesta. Tampoco fue posible obtener una declaración de una agrupación de víctimas consultada para este reportaje.
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