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La decisión fue comunicada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la polémica generada por la autorización de rebajas de condenas a personas sancionadas por delitos sexuales contra menores. Según explicó la autoridad, el Ejecutivo buscará acelerar la discusión de iniciativas legales destinadas a abordar la situación, especialmente respecto de condenados antes de 2022.
El ministro agregó que, mientras avanzan las iniciativas legislativas, se mantendrá suspendida la tramitación de los decretos. El objetivo, indicó, es que la discusión inmediata de los proyectos permita resolver la controversia en un plazo breve y entregar mayor tranquilidad a la ciudadanía.
Entre las acciones anunciadas se encuentra la presentación de un proyecto de ley para modificar el procedimiento mediante el cual se obtiene el beneficio de reducción de condena por conducta intachable.
La propuesta también contempla establecer una regla de temporalidad que permita precisar qué requisitos deben cumplir las personas que postulan a este beneficio. Con ello, la cartera busca abordar la discusión sobre las condiciones aplicables a las solicitudes de rebaja de condena.
El anuncio se produce en un contexto de cuestionamientos por la aplicación de estos mecanismos a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. Sin embargo, los detalles específicos de las modificaciones legales y su alcance deberán conocerse a medida que las iniciativas sean presentadas y discutidas.
Otra de las medidas consiste en impulsar el proyecto que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, una iniciativa parlamentaria transversal que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
La propuesta contempla que las solicitudes de beneficios penitenciarios sean conocidas y resueltas por jueces, en lugar de quedar a cargo de las actuales comisiones especiales establecidas por la legislación.
Este cambio modificaría el mecanismo institucional para resolver este tipo de solicitudes, al trasladar la decisión a órganos jurisdiccionales. La iniciativa forma parte de las medidas que el Ministerio de Justicia busca promover para abordar las controversias relacionadas con la concesión de beneficios penitenciarios.
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