La reinserción social juvenil es uno de los desafíos más importantes que enfrenta el Estado. Además de establecer sanciones para quienes han infringido la ley; también debemos garantizar que su cumplimiento se desarrolle en condiciones adecuadas, con respeto a los derechos fundamentales y con oportunidades reales para construir un futuro distinto.

En este contexto, el trabajo de la Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros (CISC), en el marco de la Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), cumple un papel fundamental para fortalecer la fiscalización del funcionamiento del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en la Región del Biobío.

La labor de esta comisión no se limita a realizar visitas inspectivas. Su verdadero valor está en observar, evaluar y formular recomendaciones que permitan identificar brechas, advertir eventuales deficiencias y promover mejoras en las condiciones de funcionamiento de los centros privativos de libertad. Se trata de una instancia de supervisión interinstitucional que contribuye a que los compromisos del Estado se traduzcan en acciones concretas.

La participación de distintos organismos e instituciones permite una mirada amplia, objetiva y especializada, poniendo especial atención en las condiciones de vida de los jóvenes, el acceso a prestaciones, la intervención socioeducativa, la seguridad y el respeto de sus derechos.

Como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entendemos que una fiscalización efectiva no busca solamente detectar problemas, sino también impulsar soluciones, exigir mejoras cuando corresponda y fortalecer los estándares de atención.

En el Biobío tenemos la responsabilidad de avanzar hacia un sistema que combine adecuadamente el cumplimiento de las sanciones con procesos efectivos de rehabilitación e integración social. Porque la reinserción no puede ser entendida como una declaración de buenas intenciones, sino como una política pública que requiere seguimiento, evaluación y compromiso institucional.

Fiscalizar también es proteger. Es asegurar que el Estado cumpla su responsabilidad y que cada joven tenga la posibilidad de abandonar una trayectoria delictiva y encontrar nuevas oportunidades.

Una sociedad más segura también se construye cuando somos capaces de prevenir la reincidencia y ofrecer oportunidades reales de reinserción.

Robert Contreras Reyes

Seremi de Justicia y DDHH