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Uno de cada cuatro choferes sometidos a controles durante los primeros seis meses de este año dio positivo por alcohol o drogas. El dato fue presentado durante la discusión de una medida para impedir que conductores bajo los efectos de estas sustancias comiencen sus recorridos con pasajeros a bordo.
Entre enero y junio se realizaron 1.093 controles, de los cuales 27,2% arrojó resultados positivos. Dicho de manera sencilla, cerca de 3 de cada 10 conductores examinados tenían presencia de alcohol o drogas al momento de la fiscalización.
La medida busca que los controles se realicen en los propios terminales de buses y micros, antes de que los conductores salgan a trabajar. Así se podría detectar a quienes no estén en condiciones de conducir y evitar que comiencen un recorrido con decenas de personas a bordo.
UNA TRAGEDIA QUE DIO NOMBRE A LA MEDIDA
La iniciativa es conocida como "Ley Alberto", en recuerdo de Mauro Alberto Gómez Estay, un estudiante de 14 años que murió en mayo de 2024 después de ser atropellado por un conductor de microbús que manejaba bajo los efectos de las drogas.
El adolescente era alumno del Liceo Eduardo de la Barra, en Valparaíso. Su muerte impulsó la discusión sobre la necesidad de controlar de manera más frecuente a quienes conducen vehículos destinados al transporte de pasajeros.
El caso puso sobre la mesa una preocupación sencilla: un conductor que consume alcohol o drogas puede perder capacidad de reacción, concentración y control del vehículo, poniendo en riesgo no solo su propia vida, sino la de todas las personas que viajan con él.
CONTROLES ANTES DE SUBIR PASAJEROS
La idea es que los exámenes puedan efectuarse en los terminales antes de iniciar cada jornada o recorrido. Para eso, las empresas deberían disponer de instrumentos que permitan detectar consumo de alcohol y drogas.
Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, planteó durante la discusión que la medida debería ser incluso más amplia y considerar a los conductores de vehículos de carga.
Desde esa organización también se propuso aumentar las multas y establecer mecanismos que permitan asegurar que los resultados de los exámenes sean técnicamente confiables y puedan utilizarse para aplicar sanciones.
Los representantes del transporte de pasajeros, en tanto, plantearon cambios relacionados con las responsabilidades que podrían recaer sobre los empleadores cuando un conductor sea detectado bajo los efectos de estas sustancias.
La discusión continuará durante las próximas semanas antes de que se defina el contenido final de la medida. Por ahora, los números entregados durante el primer semestre dejan un dato que difícilmente pasa inadvertido: 298 de los 1.093 controles realizados terminaron con resultado positivo por alcohol o drogas.
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