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La Comisión de Constitución del Senado aprobó nuevas disposiciones destinadas a fortalecer la respuesta sancionatoria frente a delitos graves cometidos por adolescentes, en el marco de la revisión de indicaciones al proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Entre las principales medidas se encuentra el aumento de los límites máximos de las penas. Para adolescentes de entre 14 y 16 años, el techo llegaría a 10 años, mientras que para jóvenes de 16 y 17 años podría alcanzar los 15 años, en aquellos delitos considerados de mayor gravedad.
El presidente de la comisión, senador Pedro Araya, explicó que la modificación busca elevar los límites actualmente establecidos para determinados ilícitos. Según señaló, las nuevas sanciones se aplicarían a un catálogo de delitos especialmente graves.
CRITERIOS PARA LAS CONDENAS
Otro de los aspectos aprobados apunta a establecer reglas más objetivas para determinar las penas de los adolescentes condenados.
El senador Andrés Longton, autor de la iniciativa, sostuvo que esta modificación busca evitar diferencias en la aplicación de las sanciones dependiendo del tribunal que conozca cada causa.
La propuesta contempla reglas especiales para la determinación de las condenas, con el objetivo de entregar mayor certeza jurídica a las víctimas y sus familias frente a delitos violentos cometidos por menores de edad.
Longton planteó que actualmente existen casos en que adolescentes involucrados en delitos graves recuperan rápidamente su libertad debido a la forma en que se determina la pena aplicable.
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
La comisión también respaldó una disposición relacionada con los delitos contra la propiedad cometidos por adolescentes.
La norma establece que determinadas conductas serán sancionadas como delitos consumados, incluso cuando hayan quedado en grado de tentativa o frustración.
El senador Longton mencionó entre los casos que podrían verse afectados por esta modificación los denominados portonazos y encerronas. Según explicó, bajo las reglas anteriores, el menor grado de ejecución del delito podía traducirse en una reducción considerable de la pena y, en consecuencia, influir en la decisión sobre la permanencia del imputado bajo internación provisoria.
Las disposiciones forman parte del proyecto que busca modificar el sistema de responsabilidad penal adolescente y todavía deben continuar su tramitación legislativa antes de convertirse en ley.
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