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En el marco esa discusión, el alcalde de Tucapel, Jaime Veloso Jara, retomó el debate sobre descentralización fiscal y argumentó que la solución definitiva a la vulnerabilidad financiera regional reside en la implementación de una Ley de Rentas Regionales.
La propuesta del Ministerio de Hacienda para la inversión en la región del Biobío asciende a $117.951 millones, a los que se suman otros $9.485 millones para gastos de funcionamiento. La cifra se sitúa considerablemente por debajo de los $225.000 millones solicitados de forma unánime por el GORE Biobío y el Consejo Regional (CORE) en mayo pasado.
La brecha no solo representa casi la mitad de lo solicitado, sino que el monto destinado a inversión es incluso inferior a los $123.839 millones del presupuesto vigente.
El descontento ante la falta de recursos motivó una acción coordinada entre las autoridades de la región del Biobío. El gobernador Sergio Giacaman, junto con los 33 alcaldes de la región, anunció que asistirá el lunes 13 de octubre a una reunión en el Congreso. La finalidad de esta cita es exponer la grave situación de la región y asegurar que sus requerimientos sean considerados durante la discusión del Presupuesto 2026.
Esta movilización busca ejercer presión para que los representantes de la Cámara de Diputados y el Senado tomen conciencia respecto del aporte de la región al país.
En entrevista con Radio San Cristóbal, el alcalde Jaime Veloso fue categórico y aseguró que la propuesta del Gobierno representa un "portazo" a las regiones. Sostuvo que la falta de recursos afecta directamente a la ejecución de proyectos clave, como la construcción de infraestructura escolar, que ya cuenta con convenios de transferencia aprobados por la Contraloría General de la República.
El jefe comunal de Tucapel, además, criticó la falta de vocación descentralizadora del Gobierno y sugirió que podrían existir móviles políticos en la asignación de recursos, especialmente cuando se ha castigado a una región cuyo gobernador representó una de las más altas mayorías en las elecciones del año pasado. Veloso enfatizó la necesidad de un cambio estructural para proteger a las comunidades.
Para el alcalde Veloso, las gestiones ante el Congreso deben ir más allá de la presión coyuntural. Propone que el país debe "formular elementos estructurales que eviten los peregrinajes".
El modelo a seguir, a su parecer, es el de las municipalidades, que poseen atribuciones para diseñar sus presupuestos gracias a la Ley de Rentas Municipales, lo que asegura ingresos fijos a través de, por ejemplo, el impuesto territorial y los permisos de circulación.
Para ilustrar la potencia de esta medida, Veloso mencionó la posibilidad de vincular Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la región.
Veloso concluye que solo al garantizar estos ingresos mediante ley, la administración podrá transformarse realmente en un "verdadero gobierno regional" y gozar de legitimidad en su financiamiento y en la manera en que se plantea ante los vecinos.
La Ley de Renta Regional se define como una iniciativa legislativa chilena cuyo objetivo principal es otorgar una mayor autonomía financiera y administrativa a los gobiernos regionales. Su propósito es permitir que las regiones generen sus propios ingresos y administren sus recursos de manera independiente, para fortalecer la descentralización fiscal y buscar un desarrollo más equitativo entre las diferentes zonas del país.
En respuesta a la necesidad de fortalecer las regiones, el Ejecutivo presentó en abril de 2023 un proyecto de ley enfocado en la equidad interregional. Esta iniciativa propone la creación de un "Fondo Permanente de Equidad Interregional", que busca modificar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) actual para enfocarse en la reducción de las brechas entre regiones.
Este proyecto, que se encuentra actualmente en discusión en el Congreso, permitiría simplificar la asignación de recursos y otorgar mayores facultades a los gobiernos regionales sobre el destino de los fondos.
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