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En respuesta a una alarmante cifra que reveló más de 25 mil viajes al extranjero de trabajadores en licencia médica entre 2023 y 2024, la Contraloría General de la República emitió este lunes un instructivo dirigido a los organismos del Estado, ordenando la instrucción de procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
"Se ha estimado pertinente impartir las siguientes instrucciones", señala el documento de siete puntos, que detalla cómo deben actuar las autoridades frente a estos casos, ya sea individual o grupalmente, según jerarquías o grados de los involucrados.
El instructivo exige que el fiscal designado para cada procedimiento no tenga vínculos jerárquicos con los investigados y cuente con rango igual o superior. Además, contará con amplias facultades para recabar pruebas, siendo esencial la certificación oficial de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) respecto a las fechas de salida y entrada del país de los funcionarios en cuestión.
Desde la Contraloría se recalcó que todo proceso debe respetar el derecho a defensa: "Se debe velar continuamente por el derecho de defensa o de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa", se indicó.
Los actos administrativos que dispongan sobreseimientos, absoluciones o sanciones deberán ser visados por la Contraloría, permitiendo al inculpado presentar un reclamo formal ante la entidad fiscalizadora.
En paralelo, la Contraloría anunció el lanzamiento del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD), una nueva plataforma informática destinada a mejorar el registro y la trazabilidad de los procedimientos disciplinarios en municipalidades y servicios públicos.
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