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Siete de las diez comunas con mayor tasa de denuncias por VIF están en la provincia

por María José Villagrán

San Rosendo lidera las cifras, con 788 denuncias por cada 100 mil habitantes. Ante este fenómeno cultural, organismos del Estado buscan disminuir las ocurrencias a través de planes territoriales, centros especializados y programas de prevención.

La revisión a través de tasas devela realidades muchas veces invisibilizadas ante las cifras registradas en las grandes ciudades. / Diario La Tribuna

Una alta concentración de comunas de la provincia de Biobío figura entre las más afectadas por la violencia intrafamiliar (VIF) en la región.

Según datos del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, siete de las diez comunas con mayores tasas de denuncias por este delito pertenecen a la zona, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

San Rosendo encabeza el listado con una tasa de 788 denuncias por cada 100 mil habitantes. Le siguen Negrete (747), Los Ángeles (703), Antuco (693), Quilaco (692), Alto Biobío (676) y Tucapel (641), comunas que comparten características de ruralidad, aislamiento y vulnerabilidad social.

La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Camila Contreras, explicó que "estas tasas permiten mirar más allá del número bruto de denuncias" y entender el impacto real sobre la población. Un ejemplo de lo anterior es el de Hualpén, que pese a su mayor tamaño poblacional, aparece en el décimo lugar, con una tasa menor que otras comunas de la provincia de Biobío.

ENFOQUE TERRITORIAL

Frente a este escenario, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género impulsa el plan 10 Comunas sin Violencia contra las Mujeres, centrado en intervenciones territoriales en aquellas zonas con mayor incidencia de VIF.

"El objetivo es intervenir con un enfoque territorial, desplegando oferta programática, capacitación y prevención directamente en el lugar donde se está produciendo la mayor cantidad de denuncias", sostuvo la seremi Camila Contreras. La estrategia considera una amplia colaboración entre Carabineros, los municipios, la Subsecretaría de Prevención del Delito y programas locales, como los de Centros de la Mujer y de Jefas de Hogar.

Estas acciones han buscado fortalecer la autonomía de las mujeres, especialmente en el ámbito económico, dado que la dependencia financiera sigue siendo una de las principales barreras para salir del círculo de la violencia.

ABORDAJE INTEGRAL

Desde 2024, en Los Ángeles funciona un Centro Especializado de Atención a Víctimas de Violencia de Género, el primero de su tipo en la región. El espacio fue inaugurado por la directora nacional de Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscila Carrasco, y hoy atiende a 80 mujeres cuyos casos han sido catalogados como de alta complejidad.

El espacio ofrece un abordaje integral mediante equipos multidisciplinarios —abogados, psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales— orientados a víctimas de femicidio frustrado, violencia sexual o amenazas persistentes. El propósito central es entregar un apoyo sostenido que permita superar la violencia en todos los ámbitos de la vida.

NUEVA LEGISLACIÓN

La promulgación en 2024 de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es otra medida que ha marcado un punto de inflexión. Este cuerpo legal amplía la definición de violencia, incorporando dimensiones psicológicas, económicas y simbólicas que antes no eran consideradas delitos o carecían de persecución efectiva.

La ley establece obligaciones concretas para los sectores de salud, educación, justicia y seguridad, lo que permitirá una respuesta más coordinada del Estado. "Ya no se requiere, necesariamente, una convivencia para hablar de violencia grave. También estamos abordando casos relacionados con relaciones de pololeo, de adolescentes o, incluso, situaciones laborales", detalló la seremi.

Uno de los avances clave es la incorporación de contenidos sobre prevención de violencia de género en la educación formal. Desde el ministerio se impulsa la inclusión de temas como sexualidad, afectividad y relaciones sanas desde etapas tempranas.

"El objetivo es que las futuras generaciones entiendan que controlar, manipular o agredir no es parte del amor y que puedan detectar señales de violencia en el pololeo", sostuvo Contreras.

Asimismo, se busca fortalecer el rol de los municipios en los planes de seguridad pública para que contemplen la violencia intrafamiliar, más allá de delitos patrimoniales.

Finalmente, la seremi advirtió que la VIF tiene raíces culturales profundas. Si bien existen factores asociados como la pobreza o el aislamiento, "la violencia no discrimina. Es un fenómeno transversal y cultural, donde aprender a resolver los conflictos sin violencia es aún un desafío pendiente como sociedad".

¿QUÉ ES LA VIF?

La violencia intrafamiliar (VIF) se define como cualquier acto de maltrato que afecte la vida o integridad física o psicológica de un miembro de la familia. Este puede ser físico, psicológico o sexual, y es considerado un delito investigado y sancionado por la legislación chilena.

La VIF Intrafamiliar puede afectar a cualquier miembro de la familia, incluyendo mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, y se produce dentro de un círculo familiar, constituido por consanguinidad, matrimonio, convivencia o hijos en común.

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