El 24 de mayo del año 2023, el Ejecutivo ingresó al Congreso el Mensaje Presidencial para modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (18.695), con el objetivo de "fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito".

Hoy y tras dos años y medio de discusión, la idea legal se convertirá en ley, faltando, para ello, su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial.

Conocidos los antecedentes y sabiendo que su implementación completa debiera llegar hacia inicios del segundo semestre de este año, es bueno sentarse a pensar y conocer sus alcances e implicancias en los territorios y cómo, esta nueva norma, podría modificar el funcionamiento de las municipalidades y la relación que tendrán sus equipos de seguridad con la comunidad.

Para entender la premura con la que se discutió la ley que entrará en vigencia, es necesario comprender que esta se legisló en el marco de un escenario de inseguridad ciudadana provocada, básicamente, por el sensacionalismo de los medios de comunicación y la mala utilización de las redes sociales.

Lo anterior no quiere decir que el problema no exista y que no fuera necesario debatir y crear la nueva ley, lo que digo es que es necesario entender su origen y su urgencia.

A diferencia de otras normas, la llamada "Ley de seguridad de municipalidades" contempla financiamiento, pero a decir verdad, nunca será el necesario y, de acuerdo a mi experiencia, los gobiernos locales deberán buscar, también, más fondos.

Como todo proyecto, el espíritu de este es el correcto, brindar seguridad a los habitantes de Chile, pero como todo en la vida, algo perfecto puede perderse en la implementación que el ser humano haga de ello.

En Chile, las policías tienen sus labores claras y los inspectores municipales deben someterse a esas atribuciones, colaborando con ellas. No se trata de crear un nuevo cuerpo policial represivo, se trata de roles que deben velar por el bienestar comunitario.

Para que quede claro, el inspector municipal tiene como principales tareas: prevenir el delito, proteger a las personas y promocionar la vida sana vecinal; para ello tendrán herramientas tecnológicas y los patrullajes mixtos, pudiendo actuar en: la detención en flagrancia, las labores inspectivas y de fiscalización, la incautación de especies comercializadas en la vía pública, los requerimientos de identidad, la dirección del tránsito, el auxilio a víctimas ante delitos flagrantes, las labores de televigilancia y colaboración con rescate animal. Para esa misión contarán con elementos de seguridad como: chalecos, cascos, bastones, esposas, gas pimienta y dispositivos de pulsación eléctrica.

Pues bien, es tiempo de esperar el reglamento de esta nueva ley pero, mientras eso llega, debemos considerar que no nace una nueva policía, que los alcaldes y alcaldesas deberán tener excesiva cautela y cuidado en la contratación de personas que deben estar preparadas para esta labor, en lo posible con experiencia en este tipo de trabajo, es decir, profesionales de la seguridad y resguardo de los vecinos.

Antes de cerrar, poner el punto en lo importante, que es transmitir el espíritu de la ley a nuestros equipos de seguridad, su principal labor es trabajar con la comunidad y ser parte de la misma pero, bajo ningún punto de vista, tomar atribuciones propias de las policías profesionales que pongan en riesgo sus vidas y la de las personas, como lamentablemente ya lo hemos vivido en Chile.