Las diputadas del Frente Amplio Emilia Schneider y Camila Rojas son autoras del proyecto de ley que pretende modificar la Ley 20.418, que establece normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, con la finalidad de incorporar en dicho texto la obligación de los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, durante todo el ciclo educativo —desde el nivel parvulario al de enseñanza media— un programa de educación sexual que incluya contenidos sobre sexualidad, afectividad y género. Nos preguntamos en esta columna acerca del fundamento del nuevo modelo de educación sexual que se pretende introducir y si este nuevo modelo respeta la libertad de conciencia, los distintos proyectos educativos existentes en Chile y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.

En cuanto al fundamento, es evidente que el proyecto pretende la imposición de una determinada cosmovisión antropológica del ser humano que viene a polemizar y colisionar con la que proviene del mundo judeocristiano. En efecto, la norma vigente solo impone que el programa de educación sexual "incluya contenidos que propendan a una sexualidad responsable". El proyecto, en cambio, impone como contenido obligatorio de aquella el género, una pequeña partícula lingüística, pero que está cargada de profundas presuposiciones antropológicas y filosóficas. ¿Por qué razón un colegio que tiene un proyecto educativo confesional debe verse en la obligación de entregar un contenido, no solo respecto del cual existe un legítimo espacio para la discrepancia en la sociedad chilena, sino que, derechamente, no forma parte de su visión antropológica acerca del ser humano? ¿Por qué unos padres y apoderados o alumnos debieran permitir y recibir, respectivamente, un contenido que no forma parte de su visión sobre la educación sexual?

Frente al modelo formativo específico que se pretende imponer en materia de sexualidad, el proyecto no contempla ningún mecanismo de gestión de la diversidad cultural y religiosa, que permita a los establecimientos educacionales, alumnos, padres y apoderados discrepar y objetar legítimamente por razones religiosas, morales y filosóficas. En otros términos, este proyecto de ley, a nuestro juicio, conculca la libertad de conciencia, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la libertad de los establecimientos educacionales de erigir sus propios proyectos educativos.

La Suprema Corte de Estados Unidos zanjó el debate sobre educación sexual integral el año pasado. En el caso "Mahmoud contra Taylor", la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery, Estado de Maryland, deben permitir la exclusión voluntaria por motivos religiosos de cualquier lección que los padres consideren que interferirá con el desarrollo religioso de sus hijos, incluidos los materiales con temática LGBTQ+. Dijo el tribunal que "el gobierno obstaculiza el ejercicio religioso de los padres al exigir a sus hijos participar en una instrucción que viola las creencias religiosas de las familias".

Parece sensato no introducir como contenido obligatorio en un programa de educación sexual un contenido como el género, que no es axiológicamente neutro, sino tributario de una determinada cosmovisión antropológica del ser humano, que no todos comparten, sin permitir a estos últimos el legítimo ejercicio de la objeción de conciencia frente a un deber legal que consideran contrario a sus creencias. ¿Por qué el Estado de Chile querría entrar en la deriva totalitaria de avasallar las conciencias cuando tiene la opción democrática de respetar la libertad de conciencia, el pluralismo en los proyectos educativos y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones religiosas, morales y filosóficas?