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Con el objetivo de aumentar la oferta de matrículas y responder a los problemas de acceso que enfrentan diversas comunas del país, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que flexibiliza las condiciones para crear establecimientos educacionales particulares subvencionados.
La iniciativa, que pasó a tercer trámite constitucional en el Senado tras ser modificada por la Cámara, busca facilitar la apertura y expansión de proyectos educativos, en un escenario marcado por la falta de cupos en algunos territorios y las dificultades detectadas en el Sistema de Admisión Escolar (SAE).
Entre los principales cambios, el proyecto elimina la exigencia de que el sostenedor sea propietario del inmueble donde funcionará el establecimiento, permitiendo que opere en recintos arrendados bajo una regulación específica. Además, suprime el requisito de acreditar una demanda insatisfecha para acceder a la subvención estatal.
Según lo expuesto durante la tramitación, la propuesta también amplía los plazos para la adquisición de inmuebles, mantiene las exigencias de infraestructura y reconocimiento oficial, y obliga al Ministerio de Educación a publicar y actualizar periódicamente información sobre la demanda educacional en las distintas regiones y comunas.
Asimismo, incorpora mecanismos para fortalecer la gestión de los establecimientos. Entre ellos, permite que sostenedores con buen desempeño celebren convenios de administración con otros colegios, regula el traspaso de la calidad de sostenedor en casos específicos y posibilita la fusión de establecimientos pertenecientes a un mismo sostenedor.
Otro de los aspectos incluidos en el proyecto fortalece las atribuciones de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), permitiéndoles celebrar convenios de administración con organismos públicos o entidades sin fines de lucro, resguardando tanto la continuidad del servicio educativo como los derechos laborales de los trabajadores.
AMPLIO RESPALDO, PERO CON CRÍTICAS
Durante el debate parlamentario, la mayoría de los diputados respaldó la iniciativa, argumentando que contribuirá a ampliar la oferta educativa y entregar más alternativas a las familias, especialmente en zonas donde existen problemas de acceso a matrículas.
No obstante, algunos legisladores manifestaron reparos, señalando que el proyecto podría favorecer una mayor participación de establecimientos particulares subvencionados en desmedro de la educación pública. También plantearon que el déficit de matrículas se concentra solo en determinados territorios y no corresponde a una realidad generalizada del país.
Tras su aprobación en la Cámara, el proyecto continuará ahora su tramitación en el Senado, que deberá pronunciarse sobre las modificaciones incorporadas por los diputados antes de convertirse en ley.
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