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La demanda fue acogida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles, que determinó que el hospital vulneró la integridad física y psíquica y el derecho a la honra de la funcionaria. Como consecuencia, ordenó pagarle $12 millones por daño moral y disponer su traslado permanente a una unidad distinta de Paciente Críticos de Neonatología, para que pueda continuar ejerciendo sus funciones como TENS.
Según los antecedentes presentados ante el tribunal, la TENS llegó a Neonatología a mediados de 2020. Sin embargo, la relación con parte de sus compañeros habría cambiado en 2023, después de un episodio relacionado con un error de medicación que terminó con el lavado gástrico de un paciente.
De acuerdo con sus representantes, la situación afectó la relación de la funcionaria con parte de sus compañeros y dio paso a un período marcado por cuestionamientos y dificultades dentro de la unidad.
Por ello, desde julio de ese año comenzó a recibir atención psicológica en la Unidad de Salud del Personal del mismo hospital, debido a problemas que afectaban tanto su vida cotidiana como su desempeño laboral. El tratamiento incluyó medicamentos, controles especializados y licencias médicas.
La situación tuvo uno de sus episodios más delicados el 24 de julio de 2024, cuando la funcionaria sufrió una crisis que derivó en una intoxicación por medicamentos y debió ser trasladada de urgencia al recinto asistencial.
De acuerdo con el relato incorporado en la demanda, su hija pidió ayuda al no conseguir comunicarse con ella durante esa mañana, lo que motivó la solicitud de una ambulancia del SAMU.
La trabajadora ingresó a la Unidad Hospitalaria de Cuidados Intensivos de Psiquiatría (UHCIP). Días después, el 1 de agosto, volvió a presentar una crisis y, tras una evaluación médica, se activó un protocolo de riesgo suicida que derivó en una nueva hospitalización. El 4 de octubre de ese mismo año tuvo que ingresar nuevamente a la unidad, donde permaneció hasta el día 7.
En la demanda, la funcionaria vinculó el deterioro de su salud mental con las dificultades que enfrentaba en su lugar de trabajo y cuestionó la respuesta que recibió frente a los hechos que había denunciado.
Uno de los puntos centrales del caso fue lo ocurrido con la información médica de la trabajadora. Según argumentaron sus abogados, después de su primera hospitalización una compañera habría informado a la jefatura sobre lo sucedido, solicitando que se mantuviera la reserva. Sin embargo, la demanda sostuvo que esos antecedentes terminaron circulando entre otros funcionarios del área donde se desempeñaba.
A ello se sumó el cuestionamiento por las consultas realizadas a su ficha clínica mediante el Sistema de Administración Clínica (SAC), presuntamente por trabajadores que no tenían participación directa en su atención.
En septiembre de 2024, la TENS solicitó los registros de acceso a sus antecedentes a través del sistema de transparencia, con el propósito de conocer quiénes habían revisado su información, además de las fechas y horas en que se realizaron las consultas. Según sus representantes, los registros permitieron identificar accesos de distintos funcionarios.
La parte denunciante sostuvo que la circulación de estos antecedentes afectó la privacidad y honra de la trabajadora, en un momento en que ya enfrentaba problemas de salud mental. También cuestionó que el hospital no hubiera adoptado medidas suficientes para resguardar su situación y evitar que el conflicto continuara.
Las diferencias al interior de la unidad también quedaron reflejadas en una carta fechada el 27 de diciembre de 2024, firmada por compañeros de Neonatología, quienes manifestaron que no querían continuar trabajando con la funcionaria. Entre los argumentos expuestos, señalaron temor a posibles errores y dificultades para su adaptación al servicio.
Para la trabajadora, este escenario dificultaba su regreso a las funciones habituales y, finalmente el 24 de julio de 2024, la funcionaria dejó de desempeñarse de manera habitual en Neonatología, debido al uso de licencias médicas y feriado legal.
Finalmente, el Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles acogió la acción de tutela laboral y declaró que el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz vulneró la integridad física y psíquica de la trabajadora, además de su derecho a la honra, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema.
La sentencia estableció el pago de $12 millones por daño moral y ordenó su traslado permanente a una unidad distinta de aquella en la que se produjeron los hechos denunciados, de manera que pueda continuar desempeñándose como TENS.
Desde el Hospital de Los Ángeles descartaron referirse en profundidad a los hechos debido a que "de conformidad con lo dispuesto en el acta 44- 2022 de la Excelentísima Corte Suprema, la causa se encuentra bajo hito de reserva".
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