Regístrate en nuestro newsletter
Durante una reunión sostenida el 23 de septiembre entre el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y los jefes comunales de las comunas involucradas, expresaron que aunque reconocen que el actual modelo municipal presenta falencias pedagógicas y estructurales, el proceso de traspaso genera un escenario de alta incertidumbre financiera y administrativa.
El alcalde de Tucapel, Jaime Veloso, valoró que la nueva institucionalidad busque fortalecer la gestión pedagógica, aunque admitió que los municipios deben hacer una autocrítica.
"No nos ha ido bien en los resultados de aprendizaje. Las pruebas Simce, aunque cuestionadas, son las que tenemos", señaló Veloso. Sin embargo, advirtió que el cambio implicará una pérdida de descentralización.
Veloso también criticó el diseño financiero del traspaso. Según indicó, los municipios deberán pagar las indemnizaciones del personal con recursos propios, a la espera de un reembolso futuro del Ministerio de Educación (Mineduc). En el caso de Tucapel, ese monto asciende a $420 millones, lo que —según explicó— "pone en riesgo funciones esenciales del municipio".
Desde Santa Bárbara, el alcalde Cristian Oses calificó el escenario como "grave". Según el jefe comunal, las comunas que ingresan al SLEP están enfrentando rebajas presupuestarias y falta de claridad respecto a qué montos se descontarán del Fondo Común Municipal.
"Nos han castigado con todo. Todavía no está claro qué se va a descontar o no, y eso nos tiene a todos complicadísimos", expresó Oses.
El alcalde agregó que la falta de definiciones también afecta a otras áreas, como la salud y la infraestructura. En referencia al Presupuesto 2026 anunciado por el Ejecutivo, aseguró que "el Gobierno Regional (GORE), nuestra principal fuente de recursos, está quedando desfinanciado".
El alcalde de Quilaco y presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos (Amcordi), Pablo Urrutia, indicó que el proceso "llegó muy de golpe", aunque reconoció que, una vez aprobada la ley, "no hay mucho que hacer más que apoyar para que funcione bien".
El alcalde valoró que el Mineduc haya aclarado que el SLEP no administrará terrenos sin presencia estudiantil, lo que permitirá mantener bajo dominio municipal inmuebles con otros usos comunitarios. También destacó el proyecto de ley impulsado por diputadas de la zona, que busca resguardar la propiedad municipal de esos terrenos.
No obstante, Urrutia expresó preocupación por las indemnizaciones, ya que en Quilaco el pago supera los $200 millones.
El alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz también fue enfático en su análisis. "En las condiciones actuales, ninguna municipalidad podría pasar al SLEP si no se entregan los recursos necesarios. Sería irresponsable", señaló al respecto.
El jefe comunal detalló que su comuna enfrenta un déficit de $1.400 millones en educación, al que se suma un gasto estimado de $1.260 millones en indemnizaciones a funcionarios que deberán ser desvinculados a fines de 2025.
Según Muñoz, los municipios están "esperanzados" en que se apruebe una ley corta que permitiría a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) anticipar recursos del Fondo Común Municipal para cubrir esos pagos.
El alcalde de Alto Biobío, Félix Vita, manifestó una posición crítica. El jefe comunal cuestionó que los municipios deban traspasar terrenos e infraestructura "de manera gratuita" al nuevo sistema y, además, asumir el pago de finiquitos del personal del DAEM.
El alcalde también alertó que su municipio no tiene cómo solventar los más de $300 millones que implican los finiquitos. A su parecer, el anticipo ofrecido por el Mineduc sería "un préstamo con nuestra propia plata", sin certezas de cuándo se podría devolver.
"Estamos obligados a hacerlo, pero queremos que sea transparente y justo", concluyó el alcalde de Alto Biobío.
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
¿Quieres contactarnos? Escríbenos a [email protected]
ContáctanosOpinión
