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La promulgación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero ha generado una evaluación mixta en el sector empresarial de la región del Biobío, donde se destaca el cierre de la incertidumbre sobre la merluza, a la vez que persiste la preocupación por el impacto de las patentes aplicadas al jurel. Es lo que manifestó el presidente de la Cámara de la Producción y del Comercio del Biobío (CPC Biobío), Álvaro Ananías.
Tras la promulgación del documento, el dirigente declaró que "nos parece positivo que se haya cerrado el tema del fraccionamiento en particular en temas como la merluza, que es una industria relevante para nuestra región".
Ananías recordó que la pesca de esta especie en la región del Biobío "genera empleos de calidad y, adicionalmente, productos de valor agregado que son de consumo humano y que se exportan".
Esto, a su parecer, "resulta muy importante para la zona porque le da estabilidad a un sector relevante".
A pesar de los beneficios y relevancia de la pesca realizada en la zona por parte del sector artesanal e industrial, el timonel de la CPC Biobío reconoció que "hay que decir que nos preocupa la patente que se le está aplicando a las compras de cuotas de jurel".
El incremento en los valores asociados a la repartición del jurel, según Ananías, "afecta porque hay una gran parte de la industria que compra y, con esa patente o impuesto adicional que se le pone, deja de ser competitivo".
Debido a lo anterior, desde el conjunto, que aglomera a las distintas actividades productivas y comerciales que se realizan en la zona, se llamó a analizar el impacto de la Ley de Fraccionamiento Pesquero en su amplio espectro.
"Tenemos que evaluar y ver los efectos que eso va a producir. Podría generar una baja en la producción de jurel y, en consecuencia, en el empleo", advirtió Álvaro Ananías al ser consultado sobre la materia por Diario La Tribuna.
El vocero de la CPC Biobío manifestó, considerando los factores planteados, que será clave el "cómo se va a implementar esta patente. Esperamos que sea una conversación más objetiva con los productores de la región".
La idea de promover el diálogo con los distintos actores del sector pesquero apunta, justamente, a que el cuerpo legal "no afecte la producción de jurel en la región del Biobío y tampoco al empleo".
En concordancia con sus declaraciones previas respecto de las leyes que se han ido implementando en el país, Ananías invitó a las autoridades responsables a entregar mayores certezas a los inversionistas.
"Es relevante ir cerrando toda esta incertidumbre regulatoria que existe en torno a industrias como la pesca y el sector forestal", urgió el dirigente gremial, quien aludió también al efecto de los cambios regulatorios en las actividades que van más allá de la pesca.
"De alguna forma estos temas tienen detenidas las inversiones, y hay que reactivar la región", cerró el presidente de la CPC Biobío, recordando que ya varias asociaciones representativas de la actividad comercial, agrícola, forestal, acuícola y ganadera han acusado fuertes y negativos efectos de la llamada "permisología" en su quehacer.
Con el fin de poner término a lo que varios gremios describen como un "exceso de trámites burocráticos" que entrampan la inversión, el Ministerio de Economía emitió su Plan de Reforzamiento Institucional para la Agilización de Inversiones en la región del Biobío.
Dicho documento fue positivamente evaluado por el presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio), José Miguel Stegmeier, quien al ser consultado por Diario La Tribuna recordó que el sector había solicitado acciones en esta línea hace ya un tiempo.
"Uno de los mayores problemas, además de la seguridad que afecta la concreción de inversiones, es precisamente la lentitud en el otorgamiento de los permisos o trámites relacionados con los diversos proyectos", detalló el presidente de Socabio respecto de la temática.
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