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El Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) confirmó que fue notificado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) sobre los cargos formulados en su contra por presuntas responsabilidades en el masivo corte de energía que afectó al país en febrero pasado.
A través de una declaración pública, el CEN afirmó que ya se encuentra analizando los antecedentes del caso "en el marco de la normativa e institucionalidad del sector", y que ejercerá su derecho a defensa. "Con la convicción de que este procedimiento debe regirse por los principios del debido proceso, la legalidad y la transparencia", precisaron.
El comunicado concluyó reafirmando el compromiso del organismo con una "operación segura, a mínimo costo y acceso abierto al Sistema Eléctrico Nacional".
Durante una entrevista con T13, la superintendenta de Electricidad y de Combustibles, Marta Cabeza explicó que "una cosa es que falle algo, pero permanezca esa falla en el tiempo, y lo que queda pendiente es la investigación de la recuperación, el plan de recuperación. Qué pasó, por qué duró tantas horas, qué tenía que hacer quién, y finalmente cómo estaban las comunicaciones y las coordinaciones del sistema en general".
Cabe recordar que, los cargos no solo apuntan al Consejo del CEN, sino a ocho empresas del sector: Interchile, Transelec, Engie Energía, AES Andes, CGE Transmisión, Alfa Transmisora, Bioenergía Forestales y Generadora Metropolitana.
Según explicó la superintendenta Marta Cabezas, el Coordinador habría permitido la transmisión de 1.800 megawatts por la línea Nueva Maitencillo-Polpaico, excediendo el límite de seguridad establecido en 1.600 MW. Esta condición habría comprometido la estabilidad del sistema, contribuyendo al apagón que afectó a amplias zonas del país.
En cuanto a las sanciones, los consejeros del CEN arriesgan multas de hasta 30 UTA (Unidades Tributarias Anuales), lo que equivale a cerca de $24 millones, suma que deberá ser cubierta con sus propios patrimonios.
En tanto, las empresas involucradas podrían enfrentar sanciones de hasta 10 mil UTA, es decir, aproximadamente $8.270 millones, en uno de los procesos sancionatorios más importantes del último tiempo en el sector energético nacional.
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