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El apagón masivo que paralizó a casi todo el país en febrero de 2025 no fue producto de una falla aislada, sino de una cadena de errores críticos en la operación del sistema eléctrico. Así lo reveló la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que acaba de formular cargos formales al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional y a ocho empresas clave del sector por su presunta implicancia en la crisis.
La investigación de la SEC identificó una decisión altamente riesgosa del Coordinador: mantener operativa la línea de transmisión entre Nueva Maitencillo y Polpaico por encima del umbral de seguridad establecido en sus propios estudios. El sistema, que debía funcionar bajo un máximo de 1.600 MW, operó a 1.800 MW, comprometiendo su estabilidad general.
Uno de los puntos más críticos se centró en InterChile, acusada de haber sido el origen de la falla técnica inicial, al no asegurar el estado adecuado de sus instalaciones. A esto se suma una acción irregular: la activación remota de un equipo de comunicaciones sin el visto bueno del Coordinador, lo que habría agravado la situación.
Las fallas se extendieron a otras empresas del rubro. Transelec, por ejemplo, carecía de centros de control y respaldo operativos para su sistema SCADA. Engie Energía fue señalada por no contar con sistemas de supervisión suficientes y por desconexiones automáticas causadas por baja frecuencia. En una línea similar, CGE, ALFA Transmisora y AES Andes presentaron serias carencias en sus capacidades de monitoreo.
Asimismo, Generadora Metropolitana y Bioenergía Forestales fueron cuestionadas por haber desconectado sus instalaciones sin coordinación previa, lo que contribuyó a una caída más extensa del sistema.
La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, enfatizó la profundidad del proceso investigativo. "No hemos cerrado aún esta investigación, pero ya existe claridad técnica y jurídica sobre la responsabilidad de los actores implicados", aseguró.
El procedimiento podría derivar en multas que superan las 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA) para las empresas involucradas. En paralelo, los directivos del Coordinador arriesgan sanciones personales de hasta 30 UTA, las que deberán ser cubiertas con su propio patrimonio, conforme al régimen especial que regula su función pública.
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