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Tras la desarticulación de una red criminal en Biobío, el foco se traslada ahora a las consecuencias reales de este delito que afecta directamente a la calidad de vida de miles de personas en zonas rurales.
Coopelan, empresa distribuidora de energía en la provincia de Biobío, ha sido una de las más golpeadas por el robo de conductores y transformadores en los últimos años. Solo entre 2022 y 2024, reportaron casi 70 eventos de este tipo, lo que equivale a 22 toneladas de cobre robado y cerca de 94 kilómetros de línea sustraída, con un impacto económico cercano a los 600 millones de pesos.
Para mitigar los efectos, la empresa ha implementado campañas preventivas y tecnologías como alarmas y reemplazo de cobre por aluminio en sectores críticos, aunque reconocen que no siempre es posible aplicar estos cambios de forma generalizada.
Desde la PDI, el subcomisario Joel Chaparro explicó que el robo de cables es difícil de investigar, ya que ocurre en sectores rurales, aislados y de difícil acceso. "Fue un trabajo súper científico poder llegar a las personas que cortaban este cable y después lo sustraían", afirmó.
En Chile existen 36 empresas con concesión para distribuir energía eléctrica, de las cuales siete cooperativas —entre ellas Coopelan— forman parte de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (Fenacopel), que concentra su operación en sectores rurales y atiende a más de 220 mil clientes a nivel nacional.
Fenacopel trabaja en dos frentes: el primero, visibilizando el problema en mesas regionales y provinciales con autoridades locales, municipios y policías; y el segundo, impulsando cambios legislativos que eleven las penas y fortalezcan el control sobre este delito.
"Tratamos de facilitar la denuncia a nuestros usuarios, porque son ellos los que se quedan sin luz durante horas, incluso días. Los robos no solo son cuantiosos en dinero, también en metros de línea sustraída", agregó Ugarte.
Desde el gremio también destacan el respaldo que han recibido de algunos parlamentarios: "Varios diputados y senadores han planteado la necesidad de endurecer las penas. No se trata solo de robar un cable, se está dejando a familias completas sin conexión eléctrica por tiempo prolongado", concluyó.
Según Carabineros, en el primer semestre de 2025 se registraron 72 casos de robo de cables de cobre en la provincia de Biobío, con un alza del 300% en detenidos respecto a 2024. Las comunas más afectadas fueron Yumbel, Cabrero y Los Ángeles.
En el marco de la Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO), la Subsecretaría de Seguridad Pública activó una Fuerza de Tarea destinada a enfrentar el robo de cables, delito que ha afectado a más de 300 mil hogares, pymes, escuelas y hospitales solo en el primer semestre de 2025.
La instancia busca coordinar acciones entre el sector público y privado a lo largo de toda la cadena logística del delito, desde la sustracción hasta su comercialización ilegal. Según Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG., el país enfrenta más de 1.560 casos en lo que va del año, lo que equivale a un robo cada tres horas.
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