Robo de cables causó último gran apagón en seis comunas de Biobío: Autoridades se reúnen para tomar medidas

A pesar de las labores de prevención del delito, en la provincia de Biobío continúan las denuncias por robos de cables de cobre que provocan suspensiones del servicio eléctrico que afectan a vastos territorios.

El último hecho de mayor afectación se produjo el pasado fin de semana con un corte que afectó a clientes de empresas distribuidoras en Los Ángeles, Mulchén, Cabrero, Yumbel, Laja y San Rosendo.

El coordinador regional de seguridad pública, Marco Millar comentó que "efectivamente, este es un tema bastante importante para el Gobierno y el Ministerio del Interior. Esto afecta a las personas".

Millar indicó que ante cualquier situación sospechosa, se puede llamar a Carabineros o bien hacer la denuncia anónima al número de teléfono *4242 que es el Fono Denuncia Seguro".

Por su parte, el seremi de Energía de la región del Biobío, Jorge Cáceres, destacó que "en esta oportunidad hemos abordado la temática con las empresas eléctricas distribuidoras respecto de los reiterados delitos que se han producido en el robo de cables, participando los distintos actores, y se ha producido una serie de información nueva que está ayudando a perseguir a los delincuentes, encontrarlos y, lo más importante, condenarlos y privarlos de libertad".

La autoridad de Gobierno también manifestó que "se está trabajando en conjunto, ya que como Estado tenemos que dar una respuesta fuerte, porque cada vez que se produce un robo de cables, no solamente se afecta a la empresa eléctrica, sino también a las personas, a las comunidades. Han quedado, a veces, comunas completas sin electricidad, 10.000, 30.000 personas, y eso, además, hay personas electrodependientes que se hacen riesgos de vida".

En tanto, el delegado presidencial provincial de Biobío, Javier Fuchslocher, destacó que "para nosotros como Gobierno es importante llevar seguridad a todos los sectores que están viendo afectados con el robo de cable, sobre todo a comunas como Yumbel, Laja, San Rosendo, Cabrero, Mulchén y también algunos sectores rurales de Los Ángeles".

Fuchslocher recalcó que "este trabajo es para que permita lograr desarticular toda la línea que fomenta el robo de cable. No solamente los cortadores que hoy día son los que provocan el primer daño y afectación al suministro eléctrico de los vecinos, sino que también a quienes están acopiando el cable y quienes también lo están exportando".

Precisó que "esas son las líneas de investigación y esa es la acción que nosotros como gobierno en las zonas estamos tomando para evitar justamente que el crimen asociado al robo de cable afecte a los vecinos y vecinas de la provincia de Biobío".

Las citadas autoridades participaron de una nueva sesión de la Mesa Técnica Provincial de Robo de Cable, en la que se abordaron medidas para combatir este delito y proteger el suministro eléctrico en la zona.

La reunión se realizó en Los Ángeles con la asistencia además de ejecutivos de empresas distribuidoras de electricidad y el fiscal adjunto de delitos de alta complejidad, Carlos Díaz, así como representantes del Ejército y Carabineros.

DELITO AL ALZA

El robo de cables en la Región del Biobío se ha convertido en un delito que ha experimentado un aumento preocupante en los últimos años, generando interrupciones en el suministro eléctrico y afectando a miles de clientes.

Según cifras de la empresa Frontel, en 2022 se registraron 31 casos en la región, con un total de 54.911 metros de cable sustraídos, impactando a más de 5.300 usuarios.

Para 2023, los casos aumentaron a 59, con 133.810 metros de cable robados, lo que representó un alza del 143% en comparación con el año anterior. Más de 7.600 clientes sufrieron cortes de electricidad debido a estos delitos. En el mismo período, la Compañía General de Electricidad (CGE) informó que a nivel nacional se registraron 1.223 eventos de robo de cable, con una pérdida total de 196 kilómetros de líneas.

Hasta septiembre de 2024, en la Región del Biobío se reportaron más de 10.000 metros de cables sustraídos, situando a la zona como la quinta con mayor incidencia de este delito en el país. A nivel nacional, se estima que el robo de cables eléctricos creció un 20% en 2023, superando los 600 kilómetros de líneas sustraídas, según datos del sector energético.

El robo de cables genera interrupciones en el suministro eléctrico y también afecta las telecomunicaciones y representa un riesgo para la seguridad pública.