En septiembre de 2023 comenzará a regir la Ley 21.595, que sanciona los delitos medioambientales, situación que obligará a los productores a hacer ajustes y adecuaciones para cumplir con la nueva normativa y evitar delitos.
Las propuestas argumentan que estarían frenando inversiones de largo aliento que son necesarias para asegurar el recurso hídrico y mantener la producción de alimentos en el país durante los próximos años.
Productores agrícolas se encuentran impulsando la tecnificación del riego a nivel gremial, iniciativa que permitirá producir más alimentos para los animales, de manera que puedan mejorar sus proyecciones de desarrollo.
El ente gremial ha realizado grandes esfuerzos para convocar a diferentes representantes del mundo ganadero, lechero, vitivinícola, forestal y frutícola, entre otros, con el objetivo de presentar a todos sus sectores, ser escuchados democráticamente y así formar parte activa de la construcción de la nueva Constitución.
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