¿Qué es lo que determina a un criminal? ¿Es una composición bioquímica en su cerebro, distinta a la de los demás? ¿Será el entorno el que condiciona su comportamiento? ¿Una crianza antisocial, las malas influencias, los episodios traumáticos? ¿O quizás, ante la oportunidad adecuada, todos podríamos delinquir?

La respuesta podría estar en una combinación de estos factores, aunque el peso de cada uno dependerá del tipo de crimen en cuestión. Sin embargo, buena parte de las políticas públicas de prevención del delito parten precisamente de esta última premisa: cualquiera puede delinquir. Por tanto, lo más sensato sería disuadir las conductas criminales elevando los riesgos asociados a ellas.

Una aproximación económica al crimen permite entender mejor esta dinámica: si un individuo decide delinquir, podríamos suponer que, según su propia valoración, los beneficios que espera obtener superan los costos que está dispuesto a asumir. Aunque el delito no sea objetivamente rentable, la satisfacción (material o emocional) que espera obtener pesaría más que el riesgo de recibir un castigo.

Así, la respuesta institucional al delito procura elevar los costos en esta ecuación: cuanto más severo sea el castigo, más costoso resultará delinquir. Lo más evidente, entonces, es legislar al respecto, endurecer las penas y multiplicar los mecanismos de vigilancia. Son respuestas visibles, políticamente comprensibles y, en efecto, necesarias para garantizar la justicia. Pero con ello estamos mirando una sola cara de la moneda criminal.

Elevar los costos no elimina los beneficios, sino que reduce su atractivo relativo. Y cuando la creatividad criminal encuentra nuevas formas de aprovechar las vulnerabilidades del sistema, el costo de delinquir vuelve a disminuir. Por eso, tan importante como encarecer la decisión de delinquir es intervenir sobre los beneficios asociados a dicha conducta.

Después de todo, pocas veces un crimen responde exclusivamente a recompensas materiales; generalmente busca alguna satisfacción emocional, responde a juegos de estatus y reputación, a sentidos de pertenencia o de oposición, e incluso a la formación de una identidad. Son dimensiones que la prevención también debe abordar, aunque intervenir sobre ellas no sea nada sencillo.

De hecho, reducir los beneficios tampoco es suficiente por sí solo: los incentivos que rodean la conducta criminal responden a múltiples factores que muchas veces superan el alcance de las políticas de seguridad. Incluso hay motivaciones intrínsecas que se resisten a cualquier tratamiento u oportunidad alternativa.

¿Cuánta impunidad reinaría en este escenario, si prescindiéramos completamente de costos? Tampoco sirve encarecer el delito si sus beneficios se mantienen intactos. ¿Cuán efectiva es una estrategia que apuesta todo al castigo, sin prestar atención a las recompensas emocionales que ofrece la actividad criminal? Y es que no basta con hacer que delinquir cueste más; también hay que conseguir que delinquir valga menos.

María José del Solar Z.

Jefa sede Santiago Faro UDD