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Esta práctica, ampliamente repudiada por la ciudadanía, ha desatado una tormenta política en diversas comunas, incluida Los Ángeles.
En un informe publicado este viernes, el ente contralor entregó un desglose por instituciones, revelando que en la capital de la provincia del Biobío fueron 220 los funcionarios involucrados.
De ellos, seis pertenecen a la municipalidad angelina, 111 a la Dirección de Educación Municipal (DAEM) y 103 a la Dirección Comunal de Salud.
El documento incluye pruebas como registros migratorios que constatan que algunos funcionarios estaban fuera del país durante su licencia médica. En otros casos, se trata de viajes dentro del país con fines recreativos.
"Es impresentable. Nosotros les pagamos sus sueldos y ellos inventan enfermedades o pagan licencias ‘truchas’ para salir de vacaciones", comentó Andrés Meza, un transeúnte angelino.
La respuesta de las autoridades locales fue inmediata. Consultados por La Tribuna, concejales de distintas bancadas manifestaron su rechazo categórico a los hechos y anunciaron que solicitarán los sumarios administrativos correspondientes.
El concejal José Bermedo (PRCH) afirmó que esta era una práctica recurrente en el sector público, que nunca antes fue fiscalizada.
"Estos hechos eran conocidos pero se mantenían ocultos. Hoy, gracias a la Contraloría, han salido a la luz y lo que vemos es vergonzoso: un sistema de licencias médicas que fue creado como un derecho se convirtió en un abuso sistemático", relató.
"Este es un fraude al Estado y una falta ética que debe ser investigada y sancionada conforme a las leyes y reglamentos vigentes", agregó el representante comunal.
Por su parte, la concejala Paola Ortiz (Demócratas) solicitó formalmente la realización de sumarios administrativos a quienes hayan incurrido en estas prácticas. "Esto es intolerable. No podemos permitir que funcionarios se beneficien maliciosamente de los recursos públicos", fueron sus palabras.
A lo anterior, añadió que ya solicitó la instrucción "a la brevedad de los sumarios correspondientes, tal como lo ha requerido la propia Contraloría".
El concejal Eduardo Velásquez (Demócratas) destacó la responsabilidad de los funcionarios públicos, quienes, recordó, "están obligados a mantener una conducta intachable y un desempeño honesto en sus funciones". Añadió que "el alcalde debe solicitar explicaciones a los involucrados. Y si estas no son satisfactorias, iniciar los sumarios pertinentes".
En un tono más enérgico, Alejandro Cano (RN) declaró que "quien engaña al Estado, también engaña al pueblo que financia su sueldo, y eso debe tener consecuencias reales, no excusas administrativas".
"Esto es una burla inaceptable para todos los chilenos que cada día madrugan, trabajan y pagan sus impuestos con esfuerzo", añadió. Cano confirmó que exigirá "que se investigue a fondo y se apliquen sanciones efectivas".
También se pronunció la concejala Consuelo Perelló (UDI), quien afirmó que la situación "es inaceptable, ya que no solo representa un uso indebido de recursos del Estado, sino que vulnera la confianza de la comunidad en sus instituciones". Por ello, concluyó que "la función pública es una responsabilidad, no un privilegio. Las licencias médicas deben respetarse como un derecho para la recuperación, no para evadir obligaciones".
MUNICIPIO ANUNCIA MEDIDAS
Desde el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), su director, Patricio Jofré, señaló que el tema era conocido internamente desde el año pasado y que se está abordando a través de las medidas correspondientes. No obstante, se mantuvo en reserva hasta la emisión de un comunicado oficial institucional.
En tanto, la Municipalidad de Los Ángeles confirmó haber tomado conocimiento del informe.
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