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La normativa busca entregar nuevas herramientas a las comunidades educativas para enfrentar situaciones de violencia, amenazas y porte de elementos potencialmente peligrosos.
Uno de los puntos que ha generado mayor atención es la posibilidad de que los establecimientos incorporen en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y pertenencias personales de los estudiantes.
De acuerdo con la normativa promulgada, los colegios podrán establecer este tipo de controles dentro de sus reglamentos internos, pero deberán aplicar protocolos que resguarden derechos como la privacidad, la honra y el debido proceso.
Además, la revisión deberá ser realizada por personal capacitado y la legislación establece expresamente que no podrán efectuarse revisiones corporales ni de vestimenta.
Durante la ceremonia, Kast defendió la medida y sostuvo que la ley debe convertirse en una herramienta concreta para las comunidades educativas.
El Presidente también comparó la revisión de pertenencias con los controles de seguridad existentes en los aeropuertos, argumentando que este tipo de procedimientos busca prevenir el ingreso de elementos que puedan poner en riesgo a otras personas.
"¿Por qué uno va a tener temor a mostrar lo que trae en la mochila? (...) El que nada hace, nada teme", señaló Kast.
La Ley Escuelas Protegidas también contempla nuevas atribuciones para los profesores, quienes podrán aplicar medidas pedagógicas, preventivas y disciplinarias de manera inmediata cuando sea necesario para mantener el orden y resguardar la seguridad dentro del aula.
Entre las disposiciones asociadas a los reglamentos internos se encuentra, además, la prohibición de elementos que impidan la identificación facial dentro del establecimiento, salvo excepciones justificadas.
La normativa también establece como falta grave las amenazas que provoquen la interrupción de actividades académicas y obliga a padres y apoderados a asistir a citaciones relacionadas con hechos de violencia o faltas disciplinarias.
La versión promulgada no contiene todas las disposiciones que formaban parte del proyecto original.
El Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales cuatro disposiciones de la iniciativa durante su tramitación. Entre ellas se encontraban normas relacionadas con la intervención de Carabineros o la Policía de Investigaciones para revisar mochilas ante la negativa de un estudiante y una restricción al acceso a la gratuidad en educación superior para personas condenadas por determinados delitos.
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