Regístrate en nuestro newsletter
La normativa apunta a fortalecer la seguridad y el orden en los establecimientos educacionales mediante una serie de medidas orientadas a enfrentar hechos de violencia que afecten a estudiantes, docentes y asistentes de la educación.
Entre los principales cambios, la ley permitirá que los reglamentos internos contemplen la revisión de mochilas, bolsos y otros efectos personales de los estudiantes, excluyendo sus vestimentas.
Además, se podrá solicitar que los alumnos muestren o vacíen el contenido de sus bolsillos cuando existan motivos fundados.
Si durante una revisión se detectan elementos potencialmente peligrosos, el establecimiento deberá informar de inmediato a los padres o apoderados y a las policías.
En caso de que un estudiante se niegue a la revisión, incluso en presencia de sus apoderados, estos deberán retirar sus pertenencias y el sostenedor tendrá que comunicar la situación a la Oficina Local de la Niñez.
La iniciativa también establece restricciones para acceder a la gratuidad en la educación superior. No podrán optar a este beneficio quienes hayan sido condenados por delitos contra la vida, la integridad física, la indemnidad sexual o la propiedad.
En este último caso, la sanción se aplicará cuando los hechos hayan sido cometidos en establecimientos educacionales, instituciones de educación superior o sus inmediaciones.
Asimismo, los adultos condenados por agresiones contra profesionales o asistentes de la educación quedarán inhabilitados por tres años para contratar con el Estado.
Del mismo modo, los reglamentos internos podrán restringir el ingreso a los establecimientos de apoderados que hayan agredido física, verbal o digitalmente a funcionarios o estudiantes.
Durante la discusión parlamentaria, diversos legisladores valoraron el avance de la iniciativa para resguardar el derecho a la educación y mejorar la convivencia escolar.
Sin embargo, también se plantearon reparos respecto de eventuales afectaciones a garantías constitucionales vinculadas a la privacidad de los estudiantes y a las limitaciones para acceder a la gratuidad.
La ley contempla una entrada en vigencia gradual, coordinada con la implementación de la normativa sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas.
 |
||||
 |
 |
 |
 |
 |
¿Quieres contactarnos? Escríbenos a [email protected]
ContáctanosOpinión
