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La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados inició el análisis de la iniciativa presentada por el Gobierno que modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Estados de Excepción con el objetivo de entregar nuevas atribuciones al personal militar desplegado en situaciones de emergencia o catástrofe.
La propuesta fue presentada ante la instancia legislativa por los ministros de Justicia, Fernando Rabat, y de Seguridad Pública, Martín Arrau, quienes defendieron la necesidad de fortalecer las herramientas disponibles para mantener el orden y la seguridad en territorios afectados por situaciones excepcionales.
De acuerdo con el proyecto, los integrantes de las Fuerzas Armadas podrían efectuar controles de identidad cuando existan antecedentes que permitan presumir la participación de una persona en un hecho constitutivo de delito. Asimismo, tendrían la facultad de registrar vestimentas, equipajes y vehículos en el marco de dichos procedimientos.
El proyecto contempla que los efectivos militares puedan realizar detenciones en casos de flagrancia, debiendo trasladar a los involucrados y ponerlos a disposición de Carabineros o de la Policía de Investigaciones en el menor tiempo posible, tal como establece la legislación vigente.
Actualmente, las Fuerzas Armadas cumplen funciones de apoyo durante los estados de excepción, principalmente vinculadas al resguardo de infraestructura crítica, vigilancia de sectores determinados y colaboración logística.
Sin embargo, no cuentan con facultades para realizar controles de identidad ni para concretar detenciones, atribuciones que permanecen radicadas en las policías.
Durante la discusión parlamentaria, diversos integrantes de la comisión valoraron el objetivo de reforzar la seguridad pública en escenarios complejos como catástrofes naturales, alteraciones graves del orden público o emergencias de gran magnitud.
No obstante, también surgieron dudas respecto a la preparación del personal militar para asumir funciones tradicionalmente asociadas al trabajo policial.
Entre los principales cuestionamientos planteados estuvieron la capacitación necesaria para efectuar controles de identidad, la aplicación de protocolos de actuación frente a civiles y el conocimiento de las reglas sobre el uso racional y proporcional de la fuerza.
Asimismo, algunos legisladores manifestaron inquietud respecto de los recursos tecnológicos y sistemas de consulta que requerirían las Fuerzas Armadas para verificar identidades y desarrollar procedimientos de fiscalización con los estándares exigidos por la normativa vigente.
La discusión legislativa continuará en las próximas semanas y promete convertirse en uno de los debates relevantes en materia de seguridad, al abordar la posibilidad de ampliar significativamente las atribuciones de las Fuerzas Armadas durante situaciones excepcionales que afecten al país.
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