Senado aprueba nueva prórroga del estado de excepción y exige desarticulación de células terroristas antes de desescalar

En una sesión marcada por la tensión política y la urgencia legislativa, el Senado aprobó por mayoría la solicitud presidencial para extender por sexagésima primera vez el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, en la Región del Biobío.

Durante el debate, se evidenció un consenso transversal: la persistencia de grupos radicalizados impide cualquier intento de desescalada.

"Mientras no se logren desarticular las células terroristas, no es posible pensar en desescalar el estado de excepción", fue la frase que marcó la jornada y que sintetiza el diagnóstico compartido por gran parte del hemiciclo.

El reciente ataque armado en la comuna de Victoria, ocurrido a fines de agosto y que dejó un trabajador fallecido y otro gravemente herido, fue citado como prueba de que la violencia rural sigue activa.

Parlamentarios lamentaron el hecho y señalaron que aún están pendientes herramientas clave como la Ley de Inteligencia y las Reglas del Uso de la Fuerza, por lo que reforzaron el llamado a legislar con urgencia.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, fue duramente cuestionada por descartar públicamente que la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y Weichán Auka Mapu (WAM) sean organizaciones terroristas.

"Si la ministra de Defensa descarta públicamente que la CAM y la WAM sean catalogadas como organizaciones terroristas, uno no entiende para qué este estado de excepción", expresó la senadora Ximena Rincón.

Carmen Gloria Aravena, por su parte, defendió la medida como "indispensable para garantizar la seguridad de las personas en la zona".

Como parte de los compromisos adquiridos, el Senado acordó que antes de una próxima solicitud de prórroga se convocarán en sesión secreta las comisiones unidas de Defensa y Seguridad, con el objetivo de conocer en detalle la evolución de los hechos y el despliegue de las fuerzas en la zona.

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Durante la sesión, se escucharon diversas voces que reflejaron la complejidad del escenario. Enrique Van Rysselberghe afirmó que la medida "se debe mantener vigente hasta que las organizaciones terroristas sean desarticuladas, identificadas y llevadas a la justicia".

José García Ruminot agregó que "mientras tengamos estas organizaciones radicalizadas, terroristas, en pleno funcionamiento, es imposible pensar en disminuir medidas".

Sebastián Keitel destacó la detención del imputado número 19 por el atentado a la familia Grollmus, señalando que "el país necesita definiciones claras, mano dura frente a quienes atentan contra la paz y también reparación para las víctimas".

Alfonso De Urresti calificó como paradójico que se acumulen años de prórrogas sin un balance efectivo, y llamó a focalizar y redireccionar la estrategia. Kenneth Pugh subrayó la importancia de la Fiscalía Supraterritorial para intervenir en zonas donde el Estado no logra ingresar.

Matías Walker criticó la falta de voluntad del Ejecutivo para aplicar la ley antiterrorista, mientras Jaime Quintana advirtió que "instalar el terrorismo como mantra lo único que hace es estigmatizar una región".

Gastón Saavedra defendió el compromiso del Estado con el orden y la paz, y Alejandro Kusanovic acusó un "notable abandono de deberes" por parte de sucesivos gobiernos.

El ministro Álvaro Elizalde cerró la jornada reconociendo que "a todos nos gustaría que esta herramienta no fuera necesaria, pero lo es... sigue habiendo hechos que han implicado enorme dolor".