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El martes 22 de julio recién pasado, parlamentarios renovaron el estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, con lo que se mantuvo una medida que ya cumple tres años en la zona.
En esta última instancia, la decisión fue aprobada por la Cámara de Diputados y Diputadas por 105 votos a favor, 24 en contra y 11 abstenciones. El Senado, en tanto, la respaldó por 36 votos a favor, uno en contra, cero abstenciones y cuatro pareos.
La implementación del Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur se mantiene en evaluación continua por parte del Gobierno, en función de los resultados que ha entregado en materia de seguridad y prevención de hechos de violencia rural.
Así lo señaló la seremi de Seguridad Pública del Biobío, Paulina Stuardo, quien subrayó que la medida —facultad exclusiva del Presidente de la República— ha permitido instalar procesos claves, como la coordinación entre Carabineros y la Policía de Investigaciones en el ámbito de la inteligencia, el fortalecimiento de las fiscalías de alta complejidad y la dotación de mayores recursos tecnológicos y humanos.
Respecto a la medida -que en la región del Biobío se aplica en las provincias de Arauco y Biobío- "lo que podemos decir, fehacientemente, es que hemos tenido una baja sostenida en este último tramo de los eventos de violencia y de violencia rural en la región del Biobío. Tuvimos un peak de violencia, recibimos la región con altas cifras de violencia rural en el 2022, con distintos ataques y la provincia de Arauco en particular estaba bastante afectada y ahí el trabajo fue increíble", detalló la seremi de Seguridad Pública del Biobío.
A ello, agregó que -en la actualidad- la región se encuentra en una situación mucho más controlada, con un trabajo muy serio.
La autoridad destacó que la medida de Estado de Excepción Constitucional ha permitido instalar procesos relevantes en materia de coordinación, inteligencia y reforzamiento de las capacidades investigativas de policías y fiscalías.
Al respecto, agregó que -en la actualidad- existe un trabajo interagencial que antes no era habitual, con acuerdos formales de intercambio de información y coordinación operativa entre las policías.
Uno de los episodios más graves registrados en la provincia de Biobío fue el atentado incendiario en la central Rucalhue, ocurrido en abril recién pasado.
La Fiscalía, con apoyo de la Policía de Investigaciones, realizó un levantamiento probatorio intensivo, aunque parte de la información se mantiene en reserva. A diferencia de otros hechos, este ataque no ha sido reivindicado por ningún grupo, lo que dificulta la trazabilidad de los responsables.
La investigación, calificada como de "larga data" por la seremi de Seguridad Pública, busca reunir pruebas contundentes para una persecución penal efectiva. En paralelo, Stuardo detalló que la empresa afectada ha implementado medidas de seguridad comprometidas con la autoridad; entre ellas destacó el cierre perimetral de sus instalaciones, helipuerto, refuerzo de guardias, cámaras de televigilancia especializadas, entre acciones de carácter reservado.
La central cuenta además con medidas cautelares de protección que se han renovado periódicamente y que incluyen presencia policial constante.
El atentado dañó, además, camiones de distintos propietarios. En este contexto, la Seremi detalló que se solicitó la colaboración para que los afectados puedan ingresar las denuncias requeridas y así acceder a los programas de reparación para víctimas de violencia rural. Más de la mitad de los vehículos ya han sido retirados tras la liquidación de sus seguros; el resto sigue en proceso.
Uno de los desafíos más complejos en la persecución de la violencia rural es la alta proporción de casos con autores desconocidos y, la gran mayoría, sin personas detenidas.
Según Sstuardo, "estos delitos, al ocurrir en zonas apartadas y bajo condiciones planificadas, requieren investigaciones con altos estándares probatorios". El objetivo no es solo detener a quien ejecuta el hecho, sino también identificar toda la cadena de involucrados, lo que implica peritajes especializados y trabajo de inteligencia prolongado.
En la provincia de Arauco sí se han registrado detenciones relevantes, gracias a la labor de las Fiscalías Especializadas y procedimientos de la PDI. En el Biobío, en cambio, los casos exitosos han sido menos frecuentes, pero la autoridad destacó que las "buenas prácticas" implementadas en La Araucanía ya fueron instaladas en Biobío —como la coordinación interinstitucional— a fin de permitir proyectar mejores resultados.
Stuardo enfatizó que el trabajo investigativo y preventivo no depende exclusivamente del estado de excepción. En este sentido, expresó que existen avances que llegaron para quedarse.
Entre ellos, destacó la coordinación entre policías, el refuerzo de unidades especializadas, inversión tecnológica y un enfoque que combina prevención con persecución penal.
A ello se suman iniciativas como la entrada en vigencia, en noviembre, de la nueva Ley de Seguridad Privada, que obligará a las empresas a mejorar sus protocolos y sistemas de resguardo y el proceso de consulta indígena derivado del acuerdo de la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que busca abordar de manera integral las causas de los conflictos en territorios con presencia de comunidades originarias.
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