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La iniciativa, financiada con más de $110 millones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso), busca atender las necesidades más urgentes de las personas en situación de calle: alimentación, abrigo, higiene y salud.
El plan contempla la operación de equipos móviles que recorrerán la ciudad durante todo el año, con capacidad para atender a 20 personas por turno, dos veces al día.
Todo esto financiado por el ministerio, sin costo directo para el municipio, salvo por el uso del albergue ubicado en calle Bulnes como base operativa.
Aun así, durante su votación tanto en comisión como en sala, varios concejales expresaron sus reparos. La controversia no fue por la ayuda en sí, sino por el modo, el lugar y las consecuencias de cómo se está entregando.
La primera en manifestar su desacuerdo fue la concejala Consuelo Perelló, que si bien valoró el espíritu humanitario del programa, apuntó a la falta de una política local coherente.
Mostró preocupación por las condiciones laborales del personal contratado y recordó que en experiencias anteriores se terminó en demandas judiciales. Desde el municipio se le respondió que los contratos serán a honorarios y con financiamiento 100% externo.
Sin embargo, su principal crítica apuntó a otro frente: la presencia del programa en espacios públicos emblemáticos como las plazas Pinto y de Armas, en el edificio de Correos de Chile o en el frontis del municipio, lo que —según dijo— contraviene los objetivos de una futura ordenanza que busca limpiar el centro de personas en situación de calle.
Desde la Dirección de Gestión Social se explicó que los lugares de intervención no los define el municipio, sino el ministerio, y que el despliegue se ajusta a los movimientos reales de la población calle.
La concejala Paola Ortíz, pese a haber votado a favor del convenio, compartió la crítica: "Este programa lleva años, pero seguimos sin una ordenanza que regule el uso del espacio público", sostuvo.
A su juicio, la alta presencia de programas sociales en Los Ángeles ha provocado incluso un efecto de atracción, por el cual personas en situación de calle de otras comunas estarían migrando a la capital provincial "en busca de beneficios".
El concejal Alejandro Cano defendió la propuesta, destacando que al menos permite dar respuestas básicas a personas que no tienen cómo alimentarse o protegerse del frío.
No obstante, también hizo hincapié en mejorar la situación contractual del personal que trabaja en estos programas: "Los honorarios precarios generan alta rotación y afectan la continuidad del servicio", advirtió.
Más crítica fue la concejala Offerman, quien señaló que el actual modelo "persigue a las personas en situación de calle", llevándoles ayuda directa a sus carpas, en lugar de motivarlas a salir de la vía pública. Según ella, esta lógica no apunta a soluciones estructurales.
En la misma línea, Perelló recalcó que el albergue municipal ya tiene capacidad instalada y que otras instituciones —como Carabineros o la Delegación Presidencial— también entregan alimentación. "Falta coordinación y una ruta clara que no afecte el orden ni la seguridad de la ciudad", sentenció.
Uno de los momentos más tensos del debate lo protagonizó el concejal Eduardo Velásquez, quien fue tajante: "Siento que este programa no va a la raíz del conflicto, que es evitar que las personas lleguen a vivir a la calle. Satisfacer necesidades básicas está bien, pero aquí el ministerio ha fallado en trabajar con las familias. Al final, este tipo de programas terminan desincentivando que los parientes se hagan cargo de sus familiares".
En esa línea, otros concejales advirtieron que la desarticulación familiar, sumada a la falta de regulación, ha profundizado la problemática. También se mencionaron casos de inseguridad vinculados a personas en situación de calle, incluyendo ataques de perros y conflictos denunciados por locatarios del centro.
El alcalde José Pérez Arriagada no evadió el tema.
Agregó que hoy existen cerca de 500 personas en situación de calle en la comuna, cifra que calificó de "barbaridad".
CONTUNDENTE RECHAZO A LAS CRÍTICAS
Salazar insistió en que las personas en situación de calle no están ahí por gusto, sino porque han perdido toda red de apoyo.
La extensión del programa fue aprobada por el Concejo Municipal, aunque con votos divididos.
Por ahora, el programa continuará operando hasta mediados de 2026, en paralelo al desarrollo de nuevas definiciones municipales en esta materia.
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