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Diversos cuestionamientos se generaron tras la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia de autorizar el pasado 25 de enero, videollamadas desde la cárcel a cuatro reos peligrosos vinculados al Tren de Aragua.
Según consignó Meganoticias, los reos podrían comunicarse con terceras personas, lo que ha sido objeto de cuestionamiento y advertencia por parte de Gendamería. "En grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada".
A pesar de estas preocupaciones, el juez Urrutia ratificó su decisión, lo que llevó a recurrir a la Corte de Apelaciones para alertar sobre los potenciales riesgos asociados.
Al respecto, el ministro (S) de Justicia, Jaime Gajardo, reaccionó con severidad ante la noticia, calificándola como "gravísima", debido a la peligrosidad de los reclusos, señalando que son "los líderes más peligrosos de las bandas criminales que están azotando la seguridad del país".
El ministro subrayó la gravedad de permitirles videollamadas, ya que, según él, eso dejaría en cero los esfuerzos por romper su vínculo con el exterior.
La situación no pasó desapercibida y abrió un debate sobre la seguridad pública y la gestión judicial en el país. La medida del juez Urrutia se suma a otras decisiones controvertidas en su historial, como cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario total a trece imputados por delitos cometidos durante el estallido social.
Además, en una ocasión, utilizó lenguaje inclusivo en un recurso de amparo, demostrando un perfil vinculado a la protección de los Derechos Humanos.
Ante el reclamo, el juez ratificó su resolución, por lo que Gendarmería acudió a la Corte de Apelaciones, apelando al riesgo que significa que reos peligrosos se comuniquen con el exterior.
La Justicia suspendió la resolución del juez Urrutia y solicitó que el tribunal de garantía remita un informe con todos los detalles.
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