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En medio de la controversia y las críticas, el Poder Judicial decidió suspender la compra de vehículos de alta gama marca Lexus. Estos automóviles tenían la intención de renovar la flota de vehículos destinados a los ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial, reemplazando a los actuales Toyota Camry.
El modelo en cuestión, el Lexus ES300h, posee un precio de lista que supera significativamente los $50 millones de pesos, según el valor de mercado actual.
La Corte Suprema confirmó esta decisión a través de un comunicado público, subrayando la autonomía del Poder Judicial en la ejecución de su presupuesto y en el ámbito administrativo y de gestión. En palabras de la Corte Suprema, "toma sus decisiones en lo relativo a la adquisición de bienes y servicios, ponderando y analizando en su mérito los antecedentes de que se dispone al momento de adoptarlas".
La institución señaló que se dejó sin efecto el acuerdo para la compra de veintidós automóviles Toyota Lexus modelo ES300H, una decisión adoptada por la mayoría de los miembros presentes en esa determinación.
La compra de estos lujosos vehículos generó fuertes críticas públicas no solo las expresadas por funcionario judiciales y ministros de Estado, sino también por parte del gremio de funcionarios del Poder Judicial.
Al respecto, la Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales (OTJ) expresó su descontento mediante una declaración pública, manifestando que "nos parece poco oportuno que se gasten más de mil doscientos millones de pesos en 22 autos, hecho que es contrario al carácter austero de la judicatura".
Por su parte, la Corte Suprema afirmó que no son ajenos a la contingencia y al contexto de los acontecimientos que preocupan al país. Según el comunicado leído por el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, la decisión de renovar los vehículos institucionales se basó en antecedentes técnicos y de seguridad, con énfasis en estándares de sustentabilidad ambiental.
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