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Cifras oficiales evidencian un sostenido aumento de estos hechos en el país y particularmente en la región del Biobío, donde durante 2025 las causas asociadas a este ilícito registraron un importante incremento respecto del año anterior.
Solo durante las últimas semanas, al menos cuatro casos de secuestro han remecido al país, instalando nuevamente el debate sobre el avance del crimen organizado, la capacidad investigativa de las instituciones y las herramientas que actualmente existen para combatir este tipo de delitos.
De acuerdo con estadísticas del Poder Judicial, durante 2024 se iniciaron 396 causas por secuestro en tribunales del país. Sin embargo, en 2025 la cifra aumentó a 420 causas. En el caso de la región del Biobío, el incremento también quedó en evidencia: mientras que en 2024 se registraron 28 causas asociadas a secuestros, en 2025 la cifra ascendió a 41.
Para el profesor de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, el fenómeno del secuestro ha sufrido una transformación importante en Chile durante los últimos años.
El académico sostuvo que anteriormente este delito se encontraba "muy sectorizado" dentro del propio ámbito delictual y rara vez afectaba a personas ajenas a estas organizaciones. Sin embargo, aseguró que el escenario cambió radicalmente.
El secuestro es uno de los delitos con mayores sanciones contempladas en la legislación chilena y su ocurrencia continúa aumentando. Según detalló Muñoz, las penas comienzan desde los tres años y un día de presidio, pudiendo incluso llegar al presidio perpetuo cuando existen delitos asociados como homicidios, violaciones o lesiones gravísimas.
Uno de los principales problemas para perseguir este tipo de ilícitos, explicó el especialista, radica en la dificultad para obtener evidencia inmediata y determinar quiénes están detrás del delito.
A ello se suma la complejidad propia del crimen organizado, donde muchas veces existen grupos especializados, uso de armas de fuego y estructuras criminales preparadas para cometer este tipo de hechos.
"Esto está relacionado con crimen organizado y tiene otras dificultades asociadas al uso de armas de fuego y grupos especializados en este tema", añadió.
Frente a este escenario, durante los últimos años surgieron los denominados Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), unidades especializadas del Ministerio Público encargadas de liderar las primeras diligencias investigativas en delitos complejos.
Según explicó Muñoz, estos equipos comenzaron a operar hace aproximadamente cinco años y cuentan con fiscales especializados exclusivamente en la investigación de homicidios, secuestros y delitos asociados al crimen organizado.
"Es una fiscalía altamente especializada y por eso la capacidad de éxito que tiene, porque siempre están en terreno realizando las gestiones desde el primer momento", destacó.
El académico detalló que entre las principales diligencias realizadas en casos de secuestro se encuentran la constitución inmediata en el sitio del suceso, interceptaciones telefónicas, levantamiento del secreto bancario y coordinaciones con unidades policiales especializadas.
"El objetivo de estas primeras diligencias es tratar de determinar quiénes son las personas que están detrás de este ilícito y lograr frustrarlo, resguardando siempre a la víctima", precisó.
Respecto al reciente anuncio del Ejecutivo sobre la creación de un Observatorio de Secuestros, Muñoz sostuvo que la iniciativa podría transformarse en una herramienta útil para diseñar políticas públicas y focalizar medidas preventivas.
No obstante, aclaró que gran parte de la información investigativa ya es manejada por el Ministerio Público y las unidades especializadas.
En esa línea, Muñoz recalcó que el combate directo al crimen organizado requiere fortalecer las capacidades operativas y humanas de las unidades investigativas.
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