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En prisión preventiva quedaron las tres personas —dos de nacionalidad venezolana y una chilena- que fueron detenidas por su presunta responsabilidad en un delito de secuestro registrado en la comuna de Mulchén.
Los imputados fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Mulchén durante la tarde de este jueves. En la audiencia, el Ministerio Público les imputó dos delitos de secuestro, además de robo con intimidación y tráfico de drogas. En el caso de uno de los imputados venezolanos, la Fiscalía también formalizó cargos por microtráfico.
La audiencia se desarrolló luego de que la Fiscalía solicitara -la jornada de ayer- ampliar la detención de estas personas a fin de reunir los antecedentes necesarios para poder formalizarlos.
Los imputados fueron detenidos tras un operativo encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI), el cual permitió rescatar a dos víctimas —un hombre y una mujer adultos— quienes habrían estado retenidos contra su voluntad en un inmueble de la comuna Bureana.
De acuerdo con lo informado en un punto de prensa por el jefe de la Prefectura Provincial de Biobío de la PDI, prefecto Juan Orellana, la denuncia fue recepcionada al mediodía del martes en dependencias de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Los Ángeles.
Acogida la información, el Ministerio Público dispuso que detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Los Ángeles, junto a equipos tácticos, quedaran a cargo de las diligencias que permitieran esclarecer lo sucedido.
De esta forma, gestionaron la respectiva orden judicial de entrada y registro a un inmueble ubicado en Mulchén, donde los detectives verificaron la presencia de dos personas adultas que manifestaron haber estado privadas de libertad.
Durante la audiencia realizada este jueves, la Fiscalía formalizó la investigación por dos delitos de secuestro, robo con intimidación y tráfico de drogas respecto de los tres imputados. En el caso de uno de los venezolanos, además, se le imputó el delito de microtráfico.
El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los tres imputados, al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de las víctimas y la sociedad.
Asimismo, el Juzgado de Garantía fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de las diligencias investigativas, período en el cual se espera esclarecer la dinámica de los hechos, la eventual participación de otras personas y las circunstancias en que se habrían producido los ilícitos.
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