De acuerdo a la empresa Transelec, la sustracción de los conductores eléctricos "es uno de los mayores registrados en nuestro país el último tiempo". Por otra parte, el Ministerio Público concentrará foto de investigación policial en la provincia de Biobío debido al incremento de este tipo de delitos.
La legisladora recordó que la iniciativa legal propone "aumentar las penas para quienes sean sorprendidos cometiendo dicho delito, como también para quienes se dediquen a reducir los cables y revenderlos".
Durante el 2023 y hasta la fecha, se han registrado un total de 152.475 metros de cable robados desde las instalaciones de una empresa eléctrica en la región del Biobío, ilícitos que han afectado significativamente la calidad y continuidad del suministro a 8.300 clientes quienes tuvieron interrupciones del servicio a raíz de esto.
El robo de infraestructura trae graves consecuencias para miles de hogares, cuyas actividades esenciales se ven afectadas por el hurto de cables, es por esto por lo que, desde 2011 se encuentra vigente el acuerdo entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública e instituciones y organismos (Carabineros PDI SII Aduana Empresas), que busca mitigar y enfrentar estas acciones ilícitas para resguardar y proteger el bienestar de los ciudadanos.
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