El inicio de febrero trae consigo el receso legislativo, que en "buen chileno" significa el inicio del feriado legal o vacaciones de nuestros parlamentarios, lo que implica que los proyectos de ley que se encuentran en discusión se detienen hasta el retorno en marzo, donde empieza un "nuevo año legislativo" y también la nueva administración del Estado, con la llegada del Presidente electo, José Antonio Kast.

Para quienes hemos vivido en carne propia la furia de los "incendios rurales" y sabemos que existe un proyecto de ley enviado al parlamento por el gobierno del Presidente Gabriel Boric en octubre de 2023 y que pretende mejorar la institución en la materia —poniendo especial énfasis en la prevención y la fiscalización—, es triste y doloroso, en medio de todo lo que hemos vivido, que este siga estancado en el Senado de la República y que ahí se quedará, ¿quién sabe hasta cuándo?

El tema puntual, cuando hablamos de este Mensaje (se le llama "mensaje" a los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo ingresa al parlamento) es que el actual gobierno puso "urgencia" a su discusión, una facultad consagrada en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado que señala en su inciso 2 que "La calificación de la urgencia corresponderá hacerla al Presidente de la República de acuerdo a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso, la que establecerá también todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley", reduciendo los plazos para legislar, es decir, lo apura dada la premura del proyecto.

En una síntesis máxima, el Mensaje que hoy quedará estancado en el Senado tiene 5 ejes fundamentales según reseña el sitio oficial www.gob.cl, a saber: la prevención según el riesgo del territorio estableciendo y definiendo las zonas en las que el bosque entra en contacto con viviendas, creando franjas de protección contra el fuego, además de brindar más apoyo técnico al trabajo con la comunidad y, por cierto, más fiscalización con sanciones proporcionales en los casos que la Ley contempla.

Si bien este proyecto busca mejorar la institucionalidad, lo cierto es que también establece más responsabilidades para los dueños de aquellas tierras dedicadas a la explotación forestal y les obliga a tener mayor conciencia con los vecinos, lo que se traduce en mayores costos para estos propietarios.

Pero además, y aquí hay que pensarlo bien, en caso de aprobarse, establece responsabilidades también para los gobiernos locales, pues como lo señala La Moneda en su sitio web, "los municipios y servicios públicos deberán entregar asistencia técnica, educación y acciones de prevención comunitaria ante incendios", tema que implicará mayores costos en los territorios, pues el financiamiento para ese trabajo aún no es claro y la pregunta es, sabiendo la importancia de lo que se discute: ¿Otra ley que afecta a los municipios sin financiamiento para ello?

Pues bien, y retomando el origen de este análisis, cuando comience el nuevo año legislativo y arribe a La Moneda la nueva administración del Estado en manos del Presidente electo, José Antonio Kast, este tendrá la facultad de quitar la "Urgencia" a un Mensaje que no es de su autoría, que es el tema que de verdad convoca estas palabras.

Como ciudadanos que agradecemos la consideración de la opinión territorial en el proyecto de Ley de Incendios Forestales, nuestra obligación es estar atentos y exigir a nuestros parlamentarios que obliguen su discusión, porque Chile no puede seguir sufriendo estas tragedias provocadas por el descuido y la falta de conciencia del ser humano.

Jorge Rivas Figueroa

Administrador Público

Licenciado en Ciencias Políticas