Cada vez que la violencia escolar llega a las noticias, el guion se repite: indignación, búsqueda de culpables y promesa de una nueva ley. Este año volvió a ocurrir y el Estado respondió con la Ley 21.809, vigente desde el 1 de julio. En agosto se sumó la ley Escuelas Protegidas, sobre seguridad y autoridad docente. Ambas son necesarias, pero ¿puede una ley, por sí sola, hacerse cargo de lo que está pasando?

Piense en una niña a la que nadie responde: ni en el curso, ni en el grupo de WhatsApp, ni en el recreo. Nadie la agrede; simplemente la borran.

El 5 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso, proclamado por la Unesco, una fecha que invita a reflexionar sobre uno de los desafíos más urgentes de las comunidades educativas.

Lo que pasa es, ante todo, un problema de vínculos. El acoso no es un conflicto entre pares ni una etapa que se supera sola: es violencia ejercida sobre alguien que a menudo no logra defenderse, frente a un grupo que mira y calla. La víctima pierde la tranquilidad, el sentido de pertenencia y, a veces, la confianza en que los adultos responderán. Se afectan su integridad, su dignidad y su derecho a la educación.

Quedarnos solo con la víctima nos deja a medias. Quien agrede también es un niño, niña o adolescente, y su conducta suele hablar de lo que aprendió a hacer con el poder, la rabia o el miedo. Decirlo no es justificarlo: el daño exige responsabilidad, pero quien lo causó sigue siendo sujeto de derechos. La ley parece entenderlo, pues dispone que la expulsión solo proceda de forma excepcional y que se prefieran las medidas formativas.

La Ley 20.536, de 2011, ya definía el acoso escolar, y la 21.809 reformula esa definición: parece poner más atención en el daño a la convivencia y nombra expresamente conductas sutiles, como aislar o ignorar deliberadamente a un compañero entre muchos. Además, pide a cada colegio un plan de convivencia, una persona a cargo y reglamentos con procedimientos claros e imparciales, plazos acotados y espacio para que todos sean escuchados. Y concede un período para adecuarse.

El derecho tiene un límite. Puede definir conductas, fijar procedimientos y sancionar incumplimientos, pero no puede producir confianza. Un protocolo impecable sirve de poco si el estudiante no cree que contar lo que le pasa cambiará algo. Y esa confianza depende de los adultos: familias que oscilan entre minimizar y buscar culpables, colegios presionados por la fiscalización y la imagen, y una sociedad que normaliza la humillación en redes y luego se sorprende de que los niños la reproduzcan.

Por eso me parece insuficiente centrar el debate en cuánto sancionar. Hay mociones en el Congreso para multar a apoderados, y la Corte Suprema respaldó una con observaciones. Es una discusión legítima, pero lateral. La pregunta de fondo es qué comunidad queremos que sea la escuela: un lugar donde el conflicto se tramita con respeto y pedir ayuda no tiene costo. Eso exige recursos, equipos formados y tiempo, que ninguna ley genera por decreto.

Con perspectiva de género, cabe preguntarse a quiénes alcanza esa comunidad. El hostigamiento rara vez es azaroso: suele dirigirse a quien se percibe distinto, por su cuerpo, su orientación, su origen o su forma de vivir la masculinidad o la feminidad.

La ley es indispensable porque obliga y permite exigir. La sociedad lo es porque enseña qué se tolera y qué no. Entre ambas se juega algo más grande que un reglamento: que cada niña y cada niño puedan atravesar su escolaridad sin tener que sobrevivirla.

Elizabeth Castillo Álvarez

Abogada, académica y coordinadora de la Clínica Jurídica, Universidad Santo Tomás.