Condenan a excomandante en jefe del Ejército por lavado de activos en caso de gastos reservados

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó por unanimidad al excomandante en jefe del Ejército Óscar Rodrigo Sebastián Izurieta Ferrer como autor del delito consumado de lavado de activos, en el marco de la investigación por el uso irregular de gastos reservados de la institución castrense.

El veredicto fue comunicado el martes 3 de noviembre y estableció que el exgeneral recibió pagos mensuales en efectivo provenientes de fondos públicos destinados a gastos reservados, recursos que fueron utilizados, entre otros fines, para financiar la adquisición de un inmueble en la comuna de Las Condes.

De acuerdo con los antecedentes acreditados durante el juicio, entre abril de 2010 y febrero de 2018 Izurieta recibió entregas periódicas de dinero que fluctuaban entre los $400 mil y el millón de pesos, mediante pagos en efectivo y sin registros contables.

Estos recursos eran distribuidos por los comandantes en jefe del Ejército que sucedieron a Izurieta, los generales Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, quienes dispusieron parte de los fondos para entregar dinero a sus antecesores.

El tribunal descartó que esos pagos correspondieran a una asignación de seguridad, como argumentó la defensa, debido a que la normativa contemplaba la entrega de medios humanos, materiales y logísticos para proteger a los excomandantes, pero no autorizaba transferencias de dinero en efectivo.

En ese sentido, la resolución estableció que los recursos destinados a gastos reservados fueron utilizados para fines distintos de los permitidos por la ley, entre ellos, financiar gastos personales de quienes habían encabezado la institución.

PAGOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO

Uno de los antecedentes centrales para acreditar el lavado de activos fue el pago de un crédito hipotecario asociado a un departamento ubicado en Cerro Colorado, en Las Condes, adquirido por Izurieta en febrero de 2008 por un valor de 7.600 unidades de fomento.

La investigación permitió establecer que 78 cuotas del préstamo fueron pagadas en efectivo por caja bancaria, por un monto aproximado de $34 millones, durante un período que coincidió con la recepción de los dineros provenientes de gastos reservados.

Para los magistrados, esos pagos permitieron utilizar recursos de origen ilícito en la adquisición de un inmueble destinado al arrendamiento, generando ingresos mediante su explotación comercial.

El fallo igualmente examinó otras operaciones vinculadas a la propiedad, entre ellas la rectificación de declaraciones tributarias, la donación del departamento a una hija del excomandante en jefe y la posterior administración del inmueble, junto con la percepción de sus rentas de arrendamiento.

Al respecto, el tribunal concluyó que el traspaso de la propiedad fue nominal, puesto que Izurieta mantuvo su administración y continuó beneficiándose económicamente de los ingresos generados por el arriendo.

La resolución desestimó las explicaciones entregadas por el acusado para justificar estas operaciones y concluyó que, consideradas en conjunto, constituyeron maniobras destinadas a ocultar o disimular el origen ilícito de los recursos.

La sentencia definitiva, que contendrá los fundamentos completos y la determinación de las penas, será comunicada el viernes 27 de noviembre, a las 11:15 horas, en una audiencia ante el mismo tribunal.