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Los Ángeles enfrenta un complejo diagnóstico respecto de la efectividad de las restricciones al uso de leña implementadas desde 2018. Una investigación de la Universidad de Chile reveló que las medidas de control "funcionan, pero no alcanzan", en tanto que solo las emergencias ambientales logran reducciones significativas en los niveles de contaminación atmosférica.
El artículo "Wood-Burning Restrictions and Air Pollution: The Case of Air Quality Warnings in Southern Chile", desarrollado por la académica de la Facultad de Economía y Negocios (FEN), Nathaly Rivera Casanoba, y el estudiante del Doctorado en Economía de la Universidad de Talca, Cristian Concha Faúndez, analizó el impacto del Programa de Gestión de Episodios Críticos (PGEC) entre 2018 y 2022 utilizando avanzadas metodologías econométricas.
El estudio determinó que las emergencias ambientales, que prohíben el uso de leña durante 24 horas, reducen las concentraciones horarias de material particulado grueso (PM10) en un 23% y las de material particulado fino (PM2.5) en un 18%. Estas cifras equivalen a una disminución de aproximadamente 52 µg/m³ para PM10 y 35 µg/m³ para PM2.5, en comparación con un día antes del episodio.
En contraste, las preemergencias, que restringen este tipo de combustión solo entre las 18:00 horas y medianoche, no mostraron efectos estadísticamente significativos. Lo anterior, luego del análisis de 119 episodios ambientales: 100 preemergencias y 19 emergencias.
Los investigadores advirtieron que esta reducción "es insuficiente para lograr niveles de concentración diaria aceptables de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)".
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que los beneficios asociados a las emergencias ambientales persistirían hasta dos días después del episodio, en el caso del PM10. Las reducciones estimadas oscilarían entre 21% y 23% durante el día siguiente.
Las mejoras son más pronunciadas durante las horas nocturnas, cuando las temperaturas son menores y es más probable el uso de calefactores a leña. En ese sentido, los efectos más significativos se observan entre las 18:00 horas y medianoche, según advierte el artículo.
Los Ángeles presenta uno de los panoramas de contaminación más críticos del país. La quema de leña representa el 96% de las emisiones de PM2.5 y el 86% de las emisiones de PM10 en la ciudad. Durante ciertos períodos, las concentraciones diarias de PM10 no solo superan el límite recomendado por la OMS de 50 µg/m³, sino también el estándar local chileno de 150 µg/m³.
Los umbrales para activar episodios ambientales establecen la preemergencia cuando el PM2.5 excede los 110 µg/m³ y el PM10 supera los 240 µg/m³. Las emergencias, en tanto, se declaran cuando hay concentraciones superiores a 170 µg/m³ para PM2.5 y de 330 µg/m³ para PM10.
La efectividad del programa también se ve limitada por deficiencias en la fiscalización. Aunque desde 2021 las autoridades han monitoreado aproximadamente 24.956 hogares, las cifras de 2024 muestran que de 47.500 hogares en Los Ángeles solo se inspeccionaron 3.572. De ese total, 229 fueron revisados en su interior, lo que resultó en solo nueve procesos administrativos.
Las multas por incumplimiento van desde $63.000 hasta $1.200.000.
La contaminación impacta de manera particular a los sectores más vulnerables de la población angelina, como "niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias crónicas", señalaron los investigadores.
La investigación también evaluó las limitaciones del actual Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA). Los investigadores identificaron que "el principal desafío para implementar estas mejoras es la capacidad institucional, de modo que las medidas no sean únicamente reactivas, sino parte de una estrategia preventiva y sostenida en el tiempo".
Las mejoras propuestas contemplan la incorporación de tecnología como sensores en barrios críticos y drones para detectar en tiempo real los niveles de calidad del aire. También sugieren endurecer las penas para quienes incumplan la norma, fortalecer la coordinación entre autoridades locales y regionales, revisar y actualizar periódicamente los umbrales del plan para acercarse a los estándares internacionales, y garantizar recursos y personal suficientes para acciones de control continuas.
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