Macrozona Sur: entre el diálogo y la firmeza

La frase "Ni paz ni entendimiento", dejada por los perpetradores del reciente ataque incendiario en Collipulli, desafía a la institucionalidad democrática. Este mensaje, aparecido luego de constatarse la destrucción de maquinaria municipal, resume la postura de grupos radicalizados que rechazan cualquier vía de solución pacífica al histórico conflicto en la Macrozona Sur.

La reciente entrega del informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, con sus luces y sombras, constituye un paso institucional clave. Sus 21 recomendaciones abordan las raíces históricas del conflicto: restitución de tierras ancestrales, reconocimiento político del pueblo mapuche, reparación a víctimas y desarrollo económico para zonas postergadas. Estas propuestas, fruto de dos años de trabajo multisectorial, ofrecen una hoja de ruta integral que el Congreso Nacional debe examinar con la urgencia que demanda la situación y con la voluntad política de quien desea materializar cambios estructurales.

No obstante, los grupos que perpetran atentados incendiarios, estimados en 500 organizaciones, han demostrado una firme determinación por mantener la violencia como estrategia política. Este rechazo explícito al diálogo institucional, evidenciado en consignas como la hallada en Collipulli, plantea una cuestión central: ¿cómo construir paz cuando sectores radicalizados la rechazan?

En paralelo, el Estado chileno vuelve a enfrentar la obligación constitucional de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Esta responsabilidad no puede relativizarse ni postergarse ante coyunturas políticas, por lo que la aplicación efectiva de instrumentos legales como la Ley Antiterrorista representa un paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de una estrategia integral de recuperación del control territorial.

Por su parte, el Congreso debe asumir la responsabilidad de acelerar la discusión de las propuestas emanadas por la comisión. La dilación parlamentaria en materias de justicia social y reconocimiento de derechos legítimos alimenta la narrativa de quienes sostienen que la vía institucional es inútil.

La Macrozona Sur, que alberga inversiones estratégicas para el desarrollo nacional y regional, no puede permanecer bajo la amenaza. La destrucción trasciende las pérdidas materiales y erosiona la confianza del inversionista, comprometiendo el futuro económico de comunidades que dependen de estos proyectos para su subsistencia.

El camino hacia una solución duradera exige equilibrio entre justicia social y firmeza institucional. El Estado debe demostrar, simultáneamente, capacidad para reconocer derechos históricos legítimos y determinación para proteger a todos sus ciudadanos de la violencia rural. Esta dualidad no reviste contradicción alguna: con mayores garantías de seguridad se crean condiciones para el diálogo constructivo, y mediante el abordaje de las causas estructurales se construye una paz sostenible.

La zona requiere presencia estatal integral, y no únicamente efectivos policiales y militares. La inversión social, los programas de desarrollo, los servicios públicos de calidad y los canales efectivos de participación ciudadana son claves para el progreso en esta materia.