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La normativa, publicada por el regulador en junio de 2025, modifica la manera en que se determina el monto mínimo que los usuarios deben pagar cada mes, estableciendo criterios uniformes para toda la industria financiera.
Hasta ahora, muchas personas podían mantener deudas elevadas realizando pagos mínimos que cubrían principalmente intereses, comisiones, seguros, impuestos y otros cargos asociados, mientras el capital adeudado disminuía lentamente.
La nueva regulación establece dos conceptos clave: el monto financiable y el monto no financiable.
El monto no financiable considera comisiones, seguros, impuestos y otros cargos asociados al uso de la tarjeta, los que deberán pagarse obligatoriamente dentro del período correspondiente.
En tanto, el monto financiable corresponde al saldo de compras y cuotas pendientes, sobre el cual se exigirá inicialmente el pago de un porcentaje determinado.
Desde junio de 2026, el pago mínimo obligatorio será equivalente al 5% de la deuda financiable, además de los montos no financiables que correspondan.
En términos prácticos, esto significa que el pago mínimo deja de ser una cifra libremente determinada por cada entidad financiera y pasa a contar con una base regulada. No obstante, los bancos y emisores de tarjetas podrán exigir montos superiores de acuerdo con sus propias políticas de riesgo y crédito.
La implementación será gradual durante los próximos dos años, con incrementos programados cada seis meses.
Las fechas definidas por la regulación son las siguientes:
El objetivo es que los usuarios reduzcan progresivamente sus saldos pendientes y eviten mantener obligaciones financieras durante largos períodos mediante el uso permanente del crédito rotativo.
La medida impactará principalmente a quienes utilizan varias líneas de crédito simultáneamente y acostumbran cubrir únicamente el mínimo exigido cada mes, una práctica que históricamente ha contribuido a prolongar los períodos de endeudamiento.
Aunque la nueva normativa busca mejorar la salud financiera de los hogares, también podría generar ajustes en los presupuestos familiares durante el proceso de transición.
La CMF recordó que el incumplimiento del pago mínimo puede derivar en morosidad, situación que puede implicar el bloqueo de la tarjeta de crédito y afectar el historial financiero del titular.
Además, la condición de moroso puede dificultar el acceso a nuevos créditos, refinanciamientos u otros productos financieros en el futuro.
La Comisión para el Mercado Financiero reiteró que el pago mínimo puede entregar flexibilidad en períodos de menor liquidez, pero advirtió que esta alternativa suele traducirse en mayores costos financieros debido a la acumulación de intereses y a la extensión de los plazos de pago.
Por ello, el organismo recomendó pagar el total facturado siempre que sea posible, con el fin de evitar un incremento innecesario del costo final de la deuda.
La CMF informó que continuará supervisando la implementación de la normativa durante los próximos meses.
Como parte de este proceso, durante el segundo semestre solicitará información detallada a los emisores de tarjetas de crédito para evaluar el impacto real que la nueva fórmula tendrá sobre los consumidores y sobre los niveles de endeudamiento de los hogares chilenos.
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