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Los gremios de la Cámara de la Producción y del Comercio de Biobío (CPC Biobío), la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), Pescadores Industriales del Biobío, la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio), la Asociación de Empresas del Biobío (ASEM), la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera (PymeMad Biobío), el Instituto Regional de Administración de Empresas (IRADE) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Concepción, se refirieron al proyecto de ley de fraccionamiento de cuotas de pesca, impulsada por el Gobierno.
De acuerdo a la declaración de estos actores, el Ejecutivo no ha abierto instancias de diálogo técnico y participativo, desconociendo el aporte del sector industrial al empleo y arriesgando este con el cambio propuesto.
Por lo mismo, pidieron que se abriera un diálogo permanente con las asociaciones representativas de la actividad productiva y económica regional para proteger el empleo, la estabilidad jurídica y situación económica local, que depende en gran parte de proyectos como este.
Frente al cambio en las cuotas de pesca propuesto por el Gobierno, y considerando que ya en reiteradas ocasiones distintos representantes gremiales han llamado a revisar la viabilidad e idoneidad de la medida, los firmantes manifestaron su descontento.
"Ante la insistencia del Ejecutivo por aprobar las subastas de los permisos vigentes de las empresas pesqueras, los gremios empresariales y organizaciones productivas del Biobío manifestamos nuestra profunda preocupación por la aceleración de esta iniciativa", indican los firmantes del documento.
Las asociaciones productivas indicaron en la carta que "solicitamos formalmente al Gobierno retirar la Urgencia legislativa y abrir un espacio de diálogo técnico serio, reflexivo, transparente y participativo".
Las asociaciones explicaron que "la pesca industrial es uno de los motores más relevantes de desarrollo y prosperidad para la Región del Biobío".
"Genera bienestar social a través de empleo formal para miles de familias, encadenamientos productivos y valor agregado en sectores como la alimentación, la logística, la manufactura y la exportación", precisaron en relación a las externalidades positivas de la actividad a nivel regional.
Considerando lo anterior, acusaron que "sin embargo, el proyecto de ley actualmente en discusión amenaza con desmantelar esta capacidad instalada, empeorando el débil momento económico de la región".
Los gremios advirtieron que "la reciente aprobación de subastas para cuotas de jurel y sardina sumada a la Ley de Fraccionamiento ha generado un quiebre de confianza entre el sector productivo y las autoridades".
"Las decisiones adoptadas no solo incumplen compromisos previos, sino que contradicen los objetivos del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, promovido por el propio Ministerio de Economía con el objeto de recuperar la alicaída economía regional", continuaron en su desglose.
Las asociaciones aseguraron que "no es posible construir desarrollo mientras se desmantelan pilares productivos esenciales para la región".
Los gremios del ámbito industrial, forestal, de la pesca, agrícolas y de la construcción adelantaron que "nos mantendremos atentos a los resultados de la reunión convocada por el Ministerio de Economía con el sector pesquero el próximo 22 de septiembre".
"Lo que ocurra en dicha instancia marcará el rumbo de nuestra participación en el Plan de Fortalecimiento, siendo fundamental que se refuerce la confianza y la credibilidad del proceso", anunciaron los gremios en relación al próximo encuentro.
Los representantes de las actividades productivas industriales y de pequeña y mediana escala de la región finalizaron indicando que "el Biobío merece políticas públicas que fortalezcan su tejido industrial, no que lo debiliten·".
"Por eso, reiteramos nuestra disposición al diálogo, pero exigimos que este se funde en el respeto a la estabilidad jurídica, la protección del empleo formal y el reconocimiento del aporte histórico de la pesca industrial al desarrollo del Biobío".
En ediciones anteriores de diario La Tribuna, en conversación con la Federación Regional de Pescadores Artesanales de la Región del Biobío (Ferepa Biobío), su presidente, Cristian Arancibia, valoró la ley de fraccionamiento pesquero.
Sin embargo, reconoció que el modelo de extracción artesanal vigente no permite contar con especies como el jurel: "si tuviéramos la posibilidad de que los pequeños botes estuvieran acondicionados para la pesca de jurel, estaría disponible para consumo humano y permitiría este desarrollo multisocial en la economía regional".
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