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El equipo profesional del OCIS presentó estos y otros resultados durante una charla en la Cámara de Comercio de Los Ángeles, donde advirtieron que, para parte de la población, el comercio callejero se ha instalado en el paisaje cotidiano, por lo que es percibido como una alternativa más accesible frente a lo formal.
El instrumento, que fue elaborado por la Cámara Nacional de Comercio a partir de opiniones de hombres y mujeres de distintos grupos etarios y niveles socioeconómicos, mostró que 65% de las asociaciones espontáneas vinculan el comercio ambulante directamente con delitos o actividades ilegales.
En detalle, el 36% lo asocia con delincuencia, 28% con venta de productos ilegales, 13% con estafas y artículos falsificados, y 11% con evasión de impuestos.
Además, un 32% menciona los impactos negativos para los espacios públicos como suciedad, desorden y aglomeraciones, junto con la sensación de inseguridad en espacios sin regulación.
Por el lado positivo, apenas un 25% menciona algún tipo de beneficio para los compradores, principalmente relacionado con precios bajos y cercanía.
Para muchos ciudadanos, el comercio callejero representa una forma de subsistencia legítima. Según la encuesta, un 54% cree que existe por causas económicas y, dentro de esa cifra, un 34% lo atribuye a la falta de empleo, un 13% a sueldos bajos en trabajos formales y un 11% a la pobreza.
Adicionalmente, un 24% menciona barreras legales y administrativas como la dificultad de obtener permisos o la escasa fiscalización, factores que empujan a las personas hacia la informalidad.
La variedad de productos que circula en el comercio callejero no regulado es amplia: frutas y verduras, ropa —original o imitación—, artesanías, artículos de aseo, accesorios, comida preparada, medicamentos, cigarrillos, calzado, libros, cosméticos, juguetes y productos tecnológicos.
La principal razón para acudir al comercio irregular es económica: 60% lo hace porque es más barato. También influye la cercanía (25%), la variedad de productos llamativos (15%) y la idea de "ayudar" a las personas que lo necesitan (12%).
Sin embargo, hay quienes evitan comprar: 24% no lo hace por principios o porque no quiere promover este tipo de comercio. Otro 23% desconfía de la calidad y garantía de los productos, mientras otros simplemente no son compradores habituales o desconfían del origen y las personas que venden.
Pese a que un 80% asegura saber que tanto comprar como vender productos ilegales puede tener consecuencias legales —principalmente multas y pena de cárcel—, las compras continúan.
Un 43% afirma que prefiere siempre optar por alternativas legales por motivos éticos o de principios. Otro 28% evita el comercio ilegal por temor a las sanciones y solo un 17% reconoció que estaría dispuesto a comprar igualmente si el producto fuera más accesible.
La mayor parte de los participantes en la encuesta coincide en la necesidad de actuar: 47% pide mayor control y fiscalización de parte de las autoridades, especialmente de los municipios.
Un 18% cree que se debe actuar desde el gobierno central y 12% considera necesario fortalecer la coordinación entre organismos públicos y privados como los servicios regionales ministeriales.
Sergio Morales, profesional del OCIS, presentó estos resultados a las autoridades locales, confirmando que el comercio ambulante e ilegal es un fenómeno complejo que no solo afecta al orden urbano o la economía formal, sino que plantea interrogantes de fondo sobre la informalidad, la desigualdad y los límites de la legalidad.
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