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La inseguridad y los obstáculos regulatorios emergieron como las principales barreras para el desarrollo económico en el marco del Encuentro Regional de Empresas (Erede), realizado el miércoles en el Hotel Four Points de Los Ángeles.
"Necesitamos seguridad y certezas regulatorias", sintetizó Rodrigo O'Ryan, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma). El dirigente fue enfático: "Los empresarios queremos invertir, pero es muy riesgoso hacerlo cuando no sabes si te van a robar, incendiar o si tu equipo en terreno va a ser golpeado".
El evento, que congregó a más de 350 personas, descentralizó por segunda vez las discusiones estratégicas de la zona, organizando el diálogo en tres paneles temáticos sobre sectores productivos clave, sostenibilidad industrial e internacionalización.
El primer bloque reunió a los líderes de Corma, la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabío), la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor) y la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera).
O'Ryan destacó que el sector forestal captura el 60% de las emisiones de Chile y aporta el 1,3% del PIB nacional, pero enfrenta una crisis por los incendios estacionales que han generado "un desabastecimiento muy grande" de materia prima.
José Miguel Stegmeier, presidente de Socabío, complementó enfatizando las oportunidades agrícolas de la región, calificándola como el "centro del mundo" por su capacidad exportadora. Sin embargo, criticó la burocracia en proyectos ambientales y demandó mayor celeridad en tramitaciones.
Rodrigo Sepúlveda, vicepresidente de Acenor, alertó que los costos energéticos representan entre el 20% y el 50% del costo de producción de algunas empresas, lo que impacta en su competitividad. El dirigente, cuya asociación representa el 50% de la demanda de clientes libres en Chile, señaló que el país tiene costos de suministro eléctrico más altos que Perú, Brasil e incluso que Francia, Alemania y España.
Felipe Gallardo, director de estudios de Acera, identificó la tramitación ambiental y la creciente oposición comunitaria como los principales desafíos para el desarrollo de proyectos renovables. El representante destacó cuatro tendencias que están redefiniendo los sistemas eléctricos: descarbonización, descentralización, digitalización y electrificación, enfatizando la necesidad de crear valor compartido con las comunidades.
El debate sobre competitividad reveló que los permisos ambientales son solo una parte del problema. Michèle Labbé, economista de la Universidad San Sebastián, advirtió que "el impuesto corporativo es una de las líneas que tiene cualquier proyecto de inversión", criticando que Chile suba sus tasas mientras el mundo las reduce.
Luis Felipe Ramos, subsecretario de Energía, destacó que el sector energético lideró la inversión extranjera en 2023-2024, superando a la minería. También subrayó la ventaja del Biobío de poder producir y consumir este recurso localmente.
Bernardo Larraín Matte, presidente de Empresas CMPC, propuso reformas al sistema de evaluación ambiental, sugiriendo un modelo de "etapa temprana" inspirado en Brasil y la implementación de declaraciones juradas para proyectos homogéneos como parques fotovoltaicos.
Lorena Sepúlveda, directora de ProChile, entregó una cifra preocupante: las exportaciones del Biobío cayeron 10% en 2024, contrastando con el récord nacional de más de US$100.000 millones en el mismo periodo. La representante recordó que solo 460 empresas de la región exportan directamente, lo que plantea desafíos para la diversificación.
Los gerentes portuarios Cristian Wulf, de Puertos de Talcahuano, y Michael Spoerer, de DP World Lirquén, coincidieron en que la región tiene capacidad disponible para crecer, pero depende en 60% del sector forestal. Conjuntamente destacaron la necesidad de captar nuevas cargas, especialmente desde Neuquén, y de mejorar la conectividad de la "última milla" hacia los puertos.
En el punto de prensa posterior, el gobernador regional Sergio Giacaman fue categórico: "El Estado exige a las empresas cumplir con determinadas cosas y a veces olvida que tiene que asegurar que estas puedan operar". También criticó el centralismo de Santiago y Concepción, ante lo que comprometió una presencia permanente en la provincia de Biobío.
Nelson Donoso, presidente del Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade), hizo un llamado urgente: "Aprovechar nuestras oportunidades de valor requiere de un Estado proempresa y que entregue permisos en tiempos razonables". Del mismo modo, el organizador puso énfasis en la relación directa entre seguridad e inversión.
El subsecretario Ramos reafirmó la importancia del diálogo público-privado: "Este tipo de actividades son muy importantes, porque el sector público define políticas y el marco de acción para los proyectos privados".
El encuentro dejó clara la convergencia entre sectores sobre tres prioridades: recuperar la seguridad territorial, agilizar la permisología y fortalecer la colaboración público-privada.
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