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Las experiencias de las familias de Luis Cabezas y Javiera Acuña permiten acercarse a un procedimiento que involucra toma de muestras, derivaciones y estudios especializados, cuyos resultados pueden requerir nuevos análisis antes de entregar una conclusión.
A partir de estos antecedentes, Diario La Tribuna consultó al Servicio Médico Legal (SML) y a Fiscalía para conocer qué explica los tiempos de identificación, dónde se procesan las muestras y cómo incide la espera en las investigaciones, junto con recoger la postura del diputado Patricio Pinilla sobre los recursos y la responsabilidad del Estado frente a las familias.
Entre las situaciones registradas este año en la provincia de Biobío, la búsqueda de un adulto mayor en Los Ángeles dio paso a varias semanas de espera después de que se encontrara un cuerpo cuya identidad todavía debía establecerse científicamente.
Se trataba de Luis Benjamín Cabezas Fernández, excarabinero de 84 años cuyo rastro se perdió el 6 de enero de 2026 desde una residencia para adultos mayores del sector camino a Santa Bárbara, según relató su hija, Leslye Shiray Pozo, a Diario La Tribuna.
La búsqueda tuvo un antecedente decisivo el 26 de febrero, cuando un hombre encontró un cuerpo a aproximadamente un kilómetro y medio del recinto y dio aviso a Carabineros. Sin embargo, sus condiciones impedían reconocerlo, por lo que fue necesario recurrir a pericias genéticas.
De acuerdo con el testimonio de Leslye, publicado el 22 de abril, una primera prueba de ADN no arrojó resultados concluyentes y debió realizarse un segundo análisis. La confirmación llegó a la familia entre el 14 y 15 de abril, aproximadamente siete semanas después del hallazgo.
Durante ese período, sus cercanos debieron aguardar el resultado que permitiría establecer si habían encontrado a Luis. Al reconstruir lo vivido, su hija abordó las dificultades de atravesar un procedimiento cuyo funcionamiento desconocía.
La identificación permitió comenzar a coordinar el retiro y traslado de sus restos hacia Renaico, en la Región de La Araucanía, para realizar su despedida, después de un proceso que había comenzado con su desaparición en enero.
Meses después, la familia de Javiera Acuña Cea, de 27 años, enfrentó una espera similar en Negrete. La joven desapareció de su domicilio el 7 de septiembre de 2026 y, según los testimonios recogidos por este medio, sus cercanos recorrieron distintos sectores de la comuna siguiendo antecedentes sobre su posible paradero.
Esos recorridos continuaron hasta el 18 de septiembre, cuando dos de sus hermanos encontraron el cuerpo calcinado de una mujer en la ribera sur del río Biobío. Aunque la familia creía que se trataba de Javiera, el estado de los restos impedía establecer inicialmente su identidad.
Tras el hallazgo, su madre, Sara Cea, entregó una muestra genética para compararla con el material obtenido del cuerpo. En una entrevista publicada el 24 de septiembre, explicó que todavía aguardaban la respuesta que permitiera corroborar lo que sus cercanos suponían.
La confirmación pública se conoció el 3 de octubre, 15 días después del hallazgo. Fiscalía comunicó que las pericias del SML habían establecido que los restos correspondían a Javiera y que el resultado fue informado presencialmente a sus familiares.
En ambas experiencias, la confirmación científica permitió resolver la identidad de sus familiares, tras una espera marcada por la incertidumbre sobre a quién correspondían los cuerpos encontrados.
Las semanas que transcurrieron entre los hallazgos y las confirmaciones de identidad en ambas familias plantean una interrogante sobre el trabajo que se desarrolla durante ese período: ¿qué etapas deben cumplirse antes de obtener una respuesta científica?
Para conocer cómo se organiza ese procedimiento en la provincia, Diario La Tribuna solicitó información al SML, que entregó sus respuestas a través de su directora regional subrogante del Biobío, Mariela Valenzuela Guajardo.
La sede local, ubicada en avenida Las Industrias 1465, en Los Ángeles, participa en la obtención del material necesario para estas pericias. Sin embargo, la autoridad precisó una limitación para continuar su estudio en esas dependencias.
Esa condición obliga a distribuir el trabajo entre distintas ciudades. Sobre la continuidad del procedimiento, Valenzuela detalló las funciones del equipo local y los destinos del material, según sus características.
Para atender estos requerimientos, la directora precisó que las dependencias penquistas cuentan con dos peritos y un técnico. Añadió que disponen de un equipo de purificación de ADN, uno de PCR en tiempo real, tres termocicladores y dos analizadores genéticos.
Respecto del volumen de solicitudes, el servicio informó que recibió 20 casos desde Los Ángeles entre 2025 y lo que va de 2026: 11 durante el año pasado y nueve en el actual. La información entregada no especifica cuántos han sido resueltos o permanecen pendientes.
Junto con conocer el recorrido de las muestras y el volumen de solicitudes, surge una de las preguntas centrales para las familias: cuánto tardará la identificación de su ser querido y qué dificultades pueden prolongar los estudios antes de entregar una respuesta.
Para explicar qué determina esa duración, Valenzuela detalló que el trabajo de laboratorio comprende la extracción, amplificación y análisis del ADN. Los perfiles genéticos obtenidos son evaluados por un perito para determinar si reúnen las condiciones necesarias para su interpretación.
Esa evaluación permite definir cómo continúa el estudio. La directora explicó que no siempre es posible concluir con el examen inicial y que, dependiendo de la información obtenida, deben incorporarse nuevos procedimientos.
Ante esa dificultad, precisó, puede realizarse una nueva extracción utilizando una mayor cantidad de muestra. Si tampoco se obtienen resultados satisfactorios, se recurre a procedimientos de purificación y cuantificación para evaluar cuánto material genético está disponible y definir las condiciones para continuar su estudio.
Las pruebas adicionales también pueden resultar insuficientes. Según la respuesta del SML, en esas circunstancias puede ser necesario solicitar otra muestra biológica, preferentemente de cartílago femoral o tejido óseo, de acuerdo con su disponibilidad y las características de cada situación.
Estos requerimientos técnicos ayudan a comprender por qué la duración puede variar. Al abordar los tiempos que utiliza el laboratorio para organizar su trabajo, Valenzuela informó que existe un período de referencia para efectuar los exámenes.
Respecto de las situaciones en que no es posible cumplirlo, la autoridad explicó cómo procede el servicio frente a los factores que afectan el desarrollo de la pericia.
Como referencia normativa, el SML citó la resolución exenta N.º 957, que aprueba instrucciones y normas técnicas sobre pruebas biológicas para determinar paternidad, maternidad y otros vínculos de parentesco.
El plazo de cinco días hábiles corresponde a una referencia del laboratorio para realizar los análisis de identificación genética. La información proporcionada no establece un tiempo total para el proceso, desde el hallazgo del cuerpo hasta la comunicación del resultado a la familia.
Frente al impacto de la espera en las familias, Valenzuela sostuvo que las exigencias de las pericias imponen límites para acelerar su ejecución, aunque señaló que existen ámbitos de gestión y coordinación en los que el servicio puede seguir avanzando.
La directora agregó que ese trabajo busca entregar respuestas oportunas a la ciudadanía y a la justicia, reconociendo la importancia de establecer la identidad de cada persona fallecida y contribuir a que sus familiares obtengan información.
Los tiempos de identificación también tienen una dimensión judicial cuando el hallazgo de una persona fallecida forma parte de una investigación por un posible delito. En ese contexto, las pericias aportan antecedentes científicos al trabajo que dirige Fiscalía para esclarecer lo ocurrido.
Por esa razón, Diario La Tribuna consultó al organismo regional sobre las dificultades que puede generar la espera para el avance de las causas. En su respuesta, consideró que la duración del procedimiento es acorde con las exigencias técnicas de estos exámenes.
A partir de esa evaluación, el Ministerio Público sostuvo que estos períodos no constituyen por sí solos un obstáculo para sus diligencias, pues están previstos al organizar el trabajo de cada causa.
La evaluación de los tiempos también abre una discusión sobre las condiciones en que trabaja el servicio y el impacto que enfrentan las familias. Consultado por Diario La Tribuna, el diputado del distrito 21 Patricio Pinilla manifestó su preocupación por la oportunidad de estas prestaciones.
Su planteamiento abarcó tanto la entrega de los fallecidos como las pericias para establecer sus identidades y causas de muerte. Al referirse a quienes aguardan esos resultados, sostuvo que la falta de una respuesta prolonga el sufrimiento y requiere una acción estatal.
Para el parlamentario, abordar esa situación exige revisar los medios disponibles para desarrollar las tareas forenses. En su diagnóstico, las principales dificultades están relacionadas con el financiamiento, las instalaciones y la dotación de los servicios.
A partir de esas necesidades, Pinilla vinculó las posibilidades de mejora con la discusión presupuestaria. Anunció que pondrán atención en los fondos destinados a estas funciones, aunque reconoció que las decisiones sobre su distribución dependen del Ejecutivo.
Junto con ese compromiso, el diputado consideró que eventuales reformas deben examinarse atendiendo a las condiciones materiales de funcionamiento, pues situó allí las principales limitaciones para responder a la comunidad.
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